El área de Vivienda ha tratado de paliar los graves efectos de los desahucios y la falta de alojamiento en familias de recursos, así como aplicar medidas que favorezcan la rehabilitación. Asimismo, la bajada de la demanda de VPO y para favorecer al sector de la construcción provocó que el Ejecutivo flexibilizara las condiciones para adquirir vivienda protegida, aunque no se ha invertido en este tipo de inmuble. A pesar del esfuerzo realizado, la oposición y las plataformas contra los desahucios han acusado al Ejecutivo autonómico de parálisis. El área de Vivienda vio el cese del primer director, Rogelio Silva, ante la falta de entendimiento con el consejero. Se han creado bolsas de alquiler social con garantía de pago para los arrendadores. También ha habido ayudas a inquilinos, aunque estas a veces se han retrasado en los pagos, creando problemas a los perjudicados. Ha habido dos convocatorias de rehabilitación edificios de antes de 1981.