El ayuntamiento alega que se cumplió la legalidad en el cambio de nombre del pabellón

Así lo ha explicado Luis García Mercadal, letrado que representa al consistorio en la pieza que enfrenta al grupo municipal del PP con el Ayuntamiento, que desembocó el pasado jueves en la imposición de medidas cautelarísimas de urgencia sobre el cambio de nombre del recinto.

Lo que se dirime hoy con la audiencia a las partes es si se fijan definitivamente medidas cautelares hasta que culmine el proceso contencioso, que según los abogados se prolongan una media de cuatro años, lo que la jueza titular del juzgado determinará "en las próximas horas".

García Mercadal ha defendido ante la jueza que el pleno, donde los grupos que apoyaron el cambio de nombre del pabellón -Zaragoza en Común y CHA- se quedaron en minoría, no es superior al Gobierno de la Ciudad y que, según legislación vigente y los informes de los servicios jurídicos del consistorio, en este caso se trata de una competencia del alcalde.

"No se puede confundir la desviación de poder con el mayor o menor acierto del acto administrativo", ha dicho.

Asimismo, ha considerado que el debate político debe sustanciarse en las instituciones habilitadas para ello en el Ayuntamiento, "de ningún modo" en sede judicial.

Además, ha aportado varios documentos que probarían que el Grupo Popular estuvo en todo momento informado de las decisiones que iba tomando el Gobierno de la Ciudad a este respecto.

Entre ellos ha presentado un informe de la técnica de la web municipal y el anuncio publicado sobre la decisión gubernamental, accesible a todo el mundo y la diligencia enviada por el secretario general del pleno en la que comunicó los acuerdos adoptados el día 18 de septiembre de 2015, entre las que aparecía este asunto.

Esta diligencia, enviada vía correo electrónico, fue remitida,según el letrado municipal, "al menos", a la dirección del propio Grupo Popular, a dos de sus concejales y a cuatro asesores.

Del mismo modo, ha presentado el acuerdo del pasado 30 de septiembre, por el que comenzaban las labores de modificación en los rótulos del pabellón, notificado al PP y sellado por el propio grupo municipal.

En otro orden de cosas, el abogado que representa al consistorio en el contencioso ha aseverado que no se ha justificado la realidad del coste económico que generaría el cambio de nombre ni del daño a la marca, la cual ha considerado que no tiene "ningún valor", además de recordar que la dignidad "Príncipe Felipe" ya no existe desde que el otrora Príncipe de Asturias fuera proclamado rey.

Por su parte, la parte demandante, representada por Clemente Sánchez Garnica, ha asegurado que no consta la recepción por parte del Grupo Municipal Popular de las diligencias detalladas por el letrado del Ayuntamiento.

Igualmente, ha reiterado que la decisión de que pase de llamarse Príncipe Felipe a José Luis Abós genera costes y perjudica a la marca en el momento del 25 aniversario del recinto.

En defensa de que permanezcan las medidas cautelares ha añadido que la imposición de las mismas no afectaría al interés público porque no es un asunto de interés público, como a su juicio demuestra que la medida fuera apoyada por solamente 11 de los 31 concejales del pleno.

Por último, ha solicitado que, en caso de que se hubiera incurrido en alguna responsabilidad penal, se identifique a las personas responsables y sufraguen los gastos ocasionados.