La gestión del pasado vuelve a echar un jarro de agua fría a las mermadas arcas del Ayuntamiento de Zaragoza en forma de sentencia judicial. La de ayer, referida al contrato para la limpieza pública y la recogida de residuos con FCC, le condena a pagar 10,8 millones de euros a la contrata por una revisión de precios que debía haberse realizado y que el Gobierno del socialista Juan Alberto Belloch se negó a hacer. Ahora los tribunales le dan la razón a la multinacional en primera instancia. Y es el de Zaragoza en Común (ZeC) quien debe decidir si acata el pago o recurre. A la vez que negocia con el PSOE la aprobación del presupuesto del 2016, en el que no se contemplaba este pago.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza deja meridianamente claro en su sentencia que el consistorio debe abonarle a FCC un total de 10.846.012 euros por no revisar los precios del servicio de limpieza y recogida de residuos en los años 2012 y 2013. Esta fue solicitada por la empresa, desestimada por el consistorio, y derivó en una denuncia interpuesta en julio del 2014. En ella pedía los 5.427.814 euros que reclamaba por la del 2012 y los 5.418.198 euros por la del 2013.

CAMBIO EN LA LEY

El contrato se le adjudicó a FCC el 13 de marzo de 2008, por 61,38 millones de euros y una duración de doce años, pero se firmó el 25 de abril y los servicios comenzaron a prestarse el 1 de junio de ese mismo año. Pero fue en abril del 2008 cuando entró en vigor la nueva ley de Contratos del Sector Público que introducía una mayor rigidez y solo posibilitaba la revisión de precios cuando resultara procedente y mediante la aplicación de los índices oficiales aprobados en Consejo de Ministros, excluyendo la revisión por costes de la mano de obra.

Una escapatoria para el Gobierno socialista que la sentencia ahora desmonta, ya que, según explicaron fuentes oficiales de ZeC, el magistrado interpreta que este contrato se licitó antes del cambio en la ley y que, con la legislación anterior, FCC tiene derecho a esa revisión de precios.

Aunque esta afectara a conceptos como la mano de obra, carburantes o gastos generales, un aspecto que modificó la ley antes de que se firmara el contrato y, por tanto, antes de que el contrato nuevo tuviera vigencia. Por eso se ha solicitado un informe a los servicios jurídicos municipales para decidir si apela esta sentencia. Opina que caben más interpretaciones de la ley y que es "inadmisible" una subida de un 9 % anual en la revisión de precios hasta el año 2020 que dura la contrata.

Esta es la primera vez que el Gobierno actual se plantea recurrir una sentencia judicial de envergadura. Después de sus críticas al PSOE por haber eternizado los litigios con las contratas encareciendo los costes para las arcas públicas por los intereses de demora generados a base de recursos hasta que la condena acaba siendo firme.