La Mesa de Estudio y Seguimiento del Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Zuera, de la que forman parte todos los grupos políticos excepto el PP que se excluyó por voluntad propia, acordó el pasado miércoles encargar una auditoría sobre la concesión del servicio de aguas y requerir a la concesionaria Aquaria que abone casi 800.000 euros en concepto de uso de las instalaciones y control de vertidos.
Según los firmantes del acuerdo, PSOE, Somos Zuera, FIA-PILL y PAR, existieron irregularidades la renovación del contrato del servicio a Aqualia, que estuvo en vigor desde 1999 hasta el 2014. En su opinión, esta operación se realizó “de forma tácita, sin ninguna contraprestación”, cuando el municipio estaba gobernado por el PP.
Según un informe jurídico externo realizado sobre la cuestión, la concesionaria podría deber más de medio millón en concepto de uso de las instalaciones. Asimismo, los firmantes consideran que no se repercutió a Aqualia un canon por el control de vertidos por un valor de 251.000 euros.
«SENTARSE A LA MESA»
Asimismo, la mesa sobre el servicio municipal de aguas acordó requerir la realización de un informe jurídico sobre la legalidad tácita efectuada en el 2014, dado que existe un acuerdo plenario del 2013 contrario a la renovación de la concesión.
La comisión la preside el socialista Luis Zubieta, que actualmente ejerce el cargo de alcalde. Su objetivo es analizar cómo se realizó la concesión durante los mandatos de José Manuel Larqué y Antonio Bolea, ambos del PP.
Este último manifestó ayer que la razón de la situación actual es que, desde que Aqualia se hizo con el servicio en 1999, todavía no se ha hecho ninguna liquidación que determine las responsabilidades económicas de ambas partes.
«Se trata de que el ayuntamiento y la empresa se sienten a la mesa para matizar las cuantías que se adeudan», subrayó Bolea, para quien «no se puede rescindir el contrato sin haber hecho antes la liquidación».
Asimismo, el exalcalde popular señaló que el motivo de que el PP no se halle en la mesa de seguimiento es que hace unos años él mismo fue denunciado ante el Tribunal de Cuentas por no haber reclamado presuntamente a Aqualia el pago de 13.000 euros, una iniciativa legal que fue finalmente archivada.
