Tropezar con la misma piedra dos veces. Esto es lo que quiere evitar el Ayuntamiento de Zaragoza y lo que la oposición le ha empujado a hacer con el resto de concesionarias, especialmente, con FCC. El conflicto del transporte urbano destapó un enriquecimiento injusto --según un informe jurídico-- de la antigua empresa del bus, TUZSA, y el consistorio se ha puesto manos a la obra para evitar volver a ser engañado por otra contrata. Mientras la oposición pide auditorías, el vicealcalde, Fernando Gimeno, ha solicitado informes de varias empresas que prestan servicios a los ciudadanos.

Del total, "las diez más importantes", se limitó a decir, FCC es la que más preocupa. Gimeno informó ayer, en el último pleno del año, que se han solicitado informes para conocer "la situación del conjunto de las contratas. Todas ellas tiene matices pero de poca incidencias" salvo FCC. Esta empresa, que lleva años encargándose de la limpieza y recogida de basuras de Zaragoza y ha sido la que ha ganado el último concurso, firmó los último pliegos en el 2008, redactados en el 2007.

DENEGADO El vicealcalde explicó que la empresa ha solicitado la revisión de precios de los años 2010, 2011 y 2012. No obstante, aseguró que "no se han permitido" porque no ha presentado las cuentas de Zaragoza --presta servicio en otras ciudades-- para determinar los costes del servicio. Si esto ocurre, el regidor adelantó que se harán atendiendo a la Ley de Contratos del Sector público aprobada en el 2007.

Una normativa que ha sido aplicada en la empresa TUZSA y en la que se basa el consistorio para reclamar 31 millones de euros. Gimeno explicó que se va a presentar una demanda en el contencioso administrativo "reconociendo la lesividad a favor de Zaragoza". Con este procedimiento, que durará entre tres y cuatro meses, el ayuntamiento reclama 31 millones de euros por revisión de precios y 20 millones de euros por la liquidación de la contrata en concepto de bonos familiares.

La revisión que, como volvió a recordar el portavoz de IU, Raúl Ariza, no ha sido inspeccionadodesde el año 82. Por este motivo, su grupo presentó una moción en el pleno que fue aprobada. En ella instaba al gobierno de la ciudad a ampliar la auditoría realizada por la empresa Moore Stephens al año 2008. Este año no ha sido elegido al azar, sino que coincide con la adjudicación de FCC que, desde IU, solicitan que se audite igualmente.

Ariza criticó que en las auditorías previas a la del 2013 ya se "señalaba que se estaban pagando costes resultado de una interpretación abusiva de la empresa" en concepto de mano de obra y otros elementos que han influido en el precio por kilómetros de forma reiterada. El portavoz denunció que en el 2012 la "empresa reconoció un beneficio de 6,5 millones de euros", aún así, prosigió, "desde el ayuntamiento han tenido que pagar intereses de préstamos por valor de 166.898 euros".

Fue más allá. En el 2002 se incluyeron costes de 146.269 euros por conceptos relativos a actividades publicitarias, de 15.000 por alquileres de bungalows o de 26.820 correspondientes a una Empresa de Trabajo Temporal. Además, las amortizaciones de los vehículos, los equipos informáticos o el mobiliario, las reducían a la mitad. Por si fuera poco, muchos de los costes incluidos tenían un 15% de beneficio para TUZSA. "Intentaron colárnosla", concluyó Ariza. Y los anteriores gobiernos, independientemente del color político, "lo han permitido". La moción de IU fue aprobada. También dos de los tres puntos de la del PP relacionada con la deuda de la contrata. Por unanimidad se aprobó exigir al TUZSA los 31 millones de euros de deuda y solicitar la revisión de precios, certificaciónes liquidaciones en menos de dos meses.