La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar 3,5 millones de euros a la sociedad de promoción del aeropuerto de la ciudad, a lo que se comprometió en el 2011. El juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza dictó la sentencia el pasado mes de diciembre, y tras los anunciados recursos el tribunal provincial ha avalado el razonamiento. Así, el consistorio deberá abonar en realidad al menos 3,8 millones --ya en diciembre los intereses legales alcanzaban los 300.000 euros-- a una sociedad que está en proceso de disolución.
El acuerdo fue firmado en el 2011, cuando los socios de la sociedad al 50%, el consistorio y la DGA --por entonces ambos con Gobierno socialista-- acordaron una ampliación de capital de 7 millones de euros. Tras las elecciones de noviembre, la DGA puso su parte pero el consistorio no, con lo que la sociedad se vio abocada a la disolución. El ayuntamiento decidió unilateralmente desvincularse de la sociedad y solo admitió el pago pendiente del 2010.
Entre otros argumentos, el consistorio expuso que la partida presupuestaria para la ampliación nunca llegó a ser aprobada y que los acuerdos del consejo de administración no fueron ratificados en el pleno municipal.
La jueza de Primera Instancia, como ahora los de la Audiencia, consideran por el contrario que el acuerdo fue válido al aprobarlo ambas partes por unanimidad. Se trató de una junta general universal, por lo que el consistorio estaba perfectamente informado de los acuerdos, según consideran los tribunales. Por ello fue condenado no solo al abono de su parte del trato sino al de las costas del proceso.
El ayuntamiento tiene la posibilidad de apelar al Tribunal Supremo para posponer, o eludir, el pago de su parte de la ampliación de capital.
