El Gobierno de Zaragoza ha acordado hoy la personación del Ayuntamiento en el procedimiento de despido colectivo llevado a cabo por la empresa de Autobuses Urbanos que se sigue ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a instancias del comité de empresa de la compañía.

Con ello, se da cumplimiento al acuerdo adoptado al respecto tanto por la Junta de Portavoces y por el pleno municipal, ante los frustrados intentos del Gobierno de la ciudad de mediar en el conflicto, en defensa del mantenimiento de un servicio público esencial como es el transporte colectivo, informa el consistorio en una nota de prensa.

Ya en el pleno del pasado 27 de septiembre se acordó por unanimidad empezar en el plazo de siete días las acciones legales pertinentes para garantizar el cumplimiento estricto del pliego de condiciones de la contrata de transporte público en defensa de los intereses municipales y laborales ligados al mismo y a la adjudicación de la contrata, entre ellos, la calidad del servicio y la subrogación de la totalidad de la plantilla.

A través de sus servicios jurídicos, el Ayuntamiento se va a personar en la causa con el fin de transmitir al órgano jurisdiccional los frustrados intentos de la corporación municipal para mediar en el procedimiento de despido colectivo por la actuación de la empresa concesionaria en el proceso que se ha seguido hasta la fecha.

En la rueda de prensa posterior al Gobierno de la ciudad, tanto el vicealcalde, Fernando Gimeno, como la consejera de Servicios Públicos, Carmen Dueso, han reiterado la propuesta municipal a la empresa para la recolocación de los trabajadores afectados por el ERE en un plazo de dos años, y que, a su juicio, no supone ningún coste económico añadido para la concesionaria del autobús urbano.

También han dado cuenta de que el Gobierno ha decidido solicitar a la Junta consultiva de contratación Administrativa de Aragón un informe respecto a si la sociedad AUZSA cumple con los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones respecto a la subrogación de los trabajadores de la contrata, una vez que al poco tiempo de asumirlos en su plantilla ha procedido a presentar un ERE para el despido de 150 trabajadores.

Asimismo analizará si cumple con las cláusulas 50 y 51 del pliego de condiciones, al no haber informado siquiera al Ayuntamiento acerca de la enajenación de la totalidad de las acciones de la empresa adjudicataria a otra sociedad mercantil.