La resolución de la quiebra de la autopista autonómica ARA-1 está más cercana. Y todo hace pensar que no será favorable a los intereses de la comunidad, que podría tener que asumir los más de 40 millones de euros en los que se calculan las pérdidas.
En una sesión de la junta de acreedores entre la concesionaria de la infraestructura, los bancos y la DGA se rechazó ayer, por parte de las entidades, una propuesta del Ejecutivo para establecer una quita del 50% en el montante total.
Ahora se espera que en el plazo de diez días el juzgado tome la decisión definitiva, previsiblemente desfavorable a las arcas públicas. Fuentes conocedoras del conflicto lamentaron que tras dos años de negociación finalmente no se haya logrado el acuerdo.
La autopista ARA-1 fue gestionada por la concesionaria Puente del Ebro, una UTE formada al 50% por Acciona y al 25% por Arascon y por Brues y Fernández. La falta de viajeros, pues su uso real siempre rondó la mitad de las previsiones, la llevó a la quiebra en el 2014. La riadas que tumbaron parte de su trazado en el 2015 remataron la situación. Hasta el pasado año se estuvo trabajando en la recuperación de la carretera.
El pago que reclaman los acreedores supera los 40 millones de euros, aunque todavía tiene que ser fijado con exactitud durante el proceso concursal. La construcción de la infraestructura se calculó en unos 50 millones de euros. El pago de estas cantidades supondría un descalabro importante para los presupuestos del departamento de Vertebración del Territorio, que en los últimos presupuestos ha visto muy limitada su dotación económica.
peaje en la sombra / La carretera, con una longitud de 5,3 kilómetros, tiene la función de comunicar la N-II con la N-232 entre Villafranca de Ebro y El Burgo de Ebro evitando el paso por la ciudad de Zaragoza. Su mantenimiento se lleva a cabo a través del sistema de peaje en la sombra por lo que la empresa concesionaria recibe fondos públicos en función de su uso, que siempre ha sido bastante menor del previsto.
La situación de la autopista autonómica aragonesa no es una excepción en la red viaria estatal, ya que la misma situación se da en la Comunidad de Madrid.
