El mismo día en que la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) se pronunciaba por primera vez sobre el cobro del Impuesto de la Contaminación de las Aguas (ICA) en Zaragoza para reclamarle solidaridad con el resto de los pueblos, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y los barrios de la ciudad enviaban una carta abierta a los alcaldes y concejales de todos ellos, y en especial a los del Pirineo, para pedirles su «apoyo» en la manifestación del día 4.
En la misiva, dijeron ser «conscientes» de que «muchos están recibiendo presiones para no participar», y confiaban en superarlas, para «seguir luchando por acabar con la injusticia que supone el impuesto de la contaminación para todos los aragoneses, pero especialmente para las gentes del Pirineo». Comparten objetivos y destinatario de su queja.
En este sentido, desde la RAPA, su portavoz, Enrique Gracia, explicó en declaraciones a este diario que «solo tratan de desactivar la movilización, que va a ser muy importante y será la llave para solucionar este embrollo». Así, consideró que la DGA está «usando todos sus resortes para hacerlo».
Se refería así a la FAMCP, con la que no comparten sus conclusiones porque «nunca hemos pedido un trato de privilegio para Zaragoza, al revés, los zaragozanos tenemos raíces en los pueblos y estamos muy sensibilizados con cómo se les está perjudicando». «Nunca hemos exigido una solución para la capital, sino acabar con un plan descabellado y desproporcionado», el aragonés de depuración. «Si sale adelante nuestra reivindicación, los grandes beneficiados serán esos municipios a los que dice representar», añadió. A los que la directiva de la FAMCP «no consulta nunca».
La RAPA tampoco espera grandes avances en la reforma que hoy anunciará el presidente aragonés: «No hay solución que no pase por replantearse el sistema y por eso pedimos la supresión. No servirá de nada retocar tramos o las bonificaciones si no renuncia a la recaudación».
