Ricardo García Becerril y Carlos Escó, acusados por malversación y cohecho en la compra del antiguo kartódromo para incorporarlo a la zona comercial de Plaza han rechazado hoy de forma rotunda que cobraran 330.555 euros cada uno de comisiones del propietario del negocio y los terrenos Santiago Becerril, aunque este se ha ratificado en que los pagó.

La Audiencia Provincial de Zaragoza juzga desde hoy al exgerente de la Plataforma Logística Ricardo García Becerril, y al exconsejero delegado de Plaza y ex consejero socialista de Obras Públicas Carlos Escó, por cohecho y malversación en la compra de unos terrenos al empresario del kartódromo, Santiago Becerril, acusado por haber pagado una comisión de 661.110 euros a los otros dos implicados, que ambos han negado aunque el empresario sostiene que sí.

La primera sesión del juicio ha comenzado cerca de medio día, con las intervenciones del fiscal y de los abogados de las acusaciones particulares (de Plaza y de la comunidad autónoma) y de la defensa.

La Fiscalía pide diez años de prisión para García Becerril y Escó y dieciocho meses para Santiago Becerril, al tener en cuenta el atenuante de la confesión, mientras que las acusaciones particulares piden once años para García Becerril y Escó y siete para el empresario.

Santiago Becerril ha explicado que García Becerril se puso en contacto con él para adquirir su negocio para incorporar esos terrenos a la zona comercial de Plaza y para habilitar los accesos al polígono logístico.

Los terrenos fueron comprados en 2004 por 6,3 millones de euros, cuatro más de lo que fijó el perito judicial.

El propietario asegura que pactó la venta con García Becerril por "1.050 millones de pesetas más un diez por ciento de comisión aproximadamente", comisión que ha explicado que pagó en tres veces y que se la entregaba personalmente en mano a García Becerril en la cafetería de un hotel del Coso de Zaragoza en billetes de 500 euros, -"porque así me cabían 200.000 en el bolsillo del pantalón", ha dicho-.

Ha insistido en que aunque en un principio no quería vender, finalmente decidió hacerlo puesto que García Becerril le sugirió que podría sufrir una expropiación, algo que éste ha negado, y que entendió que el pago de la comisión podría ser normal.

Aunque luego dudó, ha explicado, decidió cumplir el pacto en parte por miedo -"miraba dos veces debajo del coche en el garaje", ha confesado, y en parte porque había firmado un pacto, aunque luego, ha dicho con la voz entrecortada, se dio cuenta de que había sido "un pardillo" y de que ha sido "estafado y engañado".

Santiago Becerril ha dicho que solo le entregó dinero al exgerente de Plaza, pero éste, en la segunda entrega, le explicó que lo repartía con "el delegado, uno de barbas".

De forma tajante lo han negado los otros dos acusados. García Becerril ha dicho que es "total y rotundamente falso" que cobrara comisiones, algo que no se ha hecho en Plaza "jamás", y que por tanto no pudo repartirlo con nadie.

Que después de diez años alguien salga con esto es "pura ficción", ha asegurado.

Ha indicado que "aprovechando este lío jurídico" en el que él es "el paganini" y al recibir ofertas posteriores "más jugosas" por el kartódromo, Santiago Becerril ha pensado en enredarle a él para ver si recupera algún dinero.

Para Escó, su acusación en este caso era clara. "Sabía que iba a llegar aquí sí o sí", ha dicho para después recordar su condición de "político" e insinuar que "como la caza era muy alta", se ha ido a por quien "no es aforado".

No se investigó, por otro lado, según han explicado los acusados, si el precio de los terrenos era el adecuado, algo que no se había hecho nunca porque el 99 % de las hectáreas de Plaza se adquirieron por expropiación de mutuo acuerdo, ha indicado Escó.

Y además, el encargo de adquirir esta parcela, ubicada fuera del proyecto supramunicipal, fue urgente por parte del consejo de administración de Plaza y especialmente, según García Becerril, por su presidente y entonces consejero de Obras Públicas, Javier Velasco.

La incorporación de los terrenos del kartódromo al proyecto de Plaza permitió que la subasta de la zona comercial saliera al mercado no por 54 millones, sino por 66, con una adjudicación final de 67, más el 50 % de la urbanización.

García Becerril ha rehusado contestar a las preguntas relativas a un informe elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sobre su patrimonio, al alegar que corresponde a la causa general de Plaza que se instruye en otro juzgado.

Mañana continúa el juicio a partir de las 9.30 horas con la declaración de varios testigos, entre ellos Javier Velasco, Jesús Andreu (el gerente que sustituyó a García Becerril) o los miembros del consejo de administración de Plaza.