La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha llevado a la Fiscalía General del Estado la «actitud entorpecedora» de 20 entidades, de las que 19 son ayuntamientos y entre los que se encuentra el de Barbastro, después de que la institución les haya enviado hasta tres requerimientos que no han tenido respuesta.
«Detrás de cada queja hay una persona que tiene derechos y que debe obtener una respuesta», subrayó Becerril. Recordó que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle toda la información solicitada.
Entre los ayuntamientos se encuentra el de Barbastro, además del de Jerez de la Frontera, Talavera de la Reina (Toledo) o el de Reus (Tarragona). Además de los consistorios, cuya falta de respuesta acumula en algunos casos más de 500 días, el Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía la falta de colaboración del Colegio de Abogados de Guipúzcoa.
Becerril considera como «administración entorpecedora» a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos en tres ocasiones y, en el caso de que no colaboren, la ley orgánica que regula la Institución le otorga la potestad de poner los hechos en conocimiento del ministerio fiscal.
