La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) puede, si quiere hacerlo, ayudar al consistorio zaragozano a frenar la segregación de Villamayor, solicitando a la DGA que recurra la aplicación de la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Así lo asegura el informe jurídico firmado por el despacho de abogados Garrigues y encargado por del Ayuntamiento de Zaragoza para conocer la viabilidad de un referéndum sobre el futuro del barrio rural.
Tras un largo contencioso legal, el Supremo falló el pasado mes de junio a favor de la petición de independencia tramitada por habitantes del barrio
En su análisis, Garrigues establece que tanto la DPZ como la DGA se verían afectados económicamente por la segregación, puesto que el nuevo municipio precisaría su ayuda para poder seguir prestando los servicios que ahora disfrutan los todavía ciudadanos de la capital.
"Sería legítimo", considera el informe, que la institución provincial manifestara su preocupación "por las consecuencias que se derivarían del decreto de segregación, y podría incluso invitar (la DPZ) al Gobierno de Aragón a plantear ante el TSJ la imposibilidad de ejecución de la sentencia" por esa causa.
LA DPZ SE DESMARCA Por su parte, fuentes de la Diputación indicaron ayer que la institución desconoce el escrito. En todo caso, precisaron, si se produce la segregación la DPZ trataría a Villamayor "exactamente igual que al resto de los municipios". Estas fuentes advirtieron que no sería justo financiar en este pueblo nuevo servicios de los que no disponen la práctica mayoría de los 293 municipio de Zaragoza, "ni siquiera las cabeceras de comarca".
En cuanto al objeto del informe jurídico, el despacho Garrigues entiende que "existen fundadas posibilidades" de que la consulta popular que pretende realizar el ayuntamiento en Villamayor sea autorizada por el Consejo de Ministros de Estado, que es quien en última instancia debe decidir. Los abogados señalan que el mayor problema para conseguirlo radica en la interpretación que haga el Gobierno del alcance de las competencias municipales.
El referéndum que quiere convocar el alcalde precisa en primer lugar de un acuerdo plenario --PSOE y PP están a favor, pero el PAR se opone y CHA, socio de los socialistas en el Gobierno, tampoco es partidario de celebrarlo--; después, el acuerdo se elevaría a la DGA y el Ejecutivo autónomo debería remitirlo, con un eventual informe de apoyo, al Consejo de Ministros.
El consistorio no baraja aún una fecha de posible convocatoria y los trámites a seguir precisarían al menos tres o cuatro meses para cumplimentarse.
