El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch trasladó ayer a los sindicatos del ayuntamiento un compromiso claro y rotundo ante la inminente aprobación de la reforma de la ley de Bases: "Zaragoza no despedirá a ningún interino". Un mensaje tranquilizador para los cerca de mil puestos de trabajo que corren peligro entre trabajadores del consistorio y el de sus sociedades y patronatos, que deja un sabor agridulce en los sindicatos después de que, a renglón seguido, se negara a convocar cuanto antes las oposiciones pendientes del período 2006-2009 que aún no tienen fecha para examen y que consolidaría a coste cero el empleo de al menos unas 450 personas.

Así podría resumirse la conclusión con la que ambas partes salieron del encuentro celebrado ayer en el ayuntamiento, con Belloch recibiendo a los representantes sindicales y acompañado por la responsable municipal de Régimen Interior, Lola Ranera. La concejala socialista destacó al término de esta "interesante" reunión --así lo definió-- que "hay que llegar a acuerdos" para combatir esta ley que "golpea duramente a la autonomía municipal" y que para ello, y porque corre prisa antes de que reciba el visto bueno en Madrid, se creará una comisión de trabajo, formada por el Gobierno local y los representantes sindicales, para decidir cómo blindar todos los puestos de trabajo actuales. Son, señaló, "unos 700 interinos" que salvaguardar como se pueda y en torno a mil en global si se suman los trabajadores afectados por convenios relacionados con competencias que esa ley quizá le retire al consistorio. Parecía todo idílico.

Pero hay "discrepancias" y fueron los sindicatos quienes las pusieron de manifiesto. El presidente de la Junta de Personal, Roberto Tordesillas, explicó que le habían trasladado al primer edil que consideran "irrenunciable" que convoque las oposiciones pendientes de la Oferta Pública de Empleo acordada para el periodo 2006-2009 que siguen pendientes y que ayudarían "a coste cero" a consolidar esos puestos de trabajo que ocupan interinos.

Pero Belloch "no lo estima", apuntó Tordesillas, porque el Gobierno aseguró en la reunión que "les preocupa más el trauma por los ceses de las personas que no aprueben el examen", que tendrían que dejar su puesto para que otra persona lo ocupara. Aunque los sindicatos entienden que esto no es motivo suficiente y genera recelo de si realmente se está haciendo todo lo posible por conservar los empleos. Así que esa coincidencia que apuntaba Ranera era sobre que había que blindar al personal laboral pero no en cómo hacerlo.

Mientras, el Gobierno también accedió a cumplir un acuerdo alcanzado con el pacto convenio, el año pasado, que consistía en la "funcionarización" de personal laboral que lleva muchos años trabajando como personal laboral en diferentes servicios. Son en torno a 60 personas que pasarán a ser funcionarios directamente porque su plaza la obtuvieron cuando, antes de 1994, todavía se convocaban oposiciones para acceder a un puesto de personal laboral. Un examen que aprobaron.