El consejero de Hacienda, Javier Campoy y la propia presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi trabajan ya mano a mano que ver por dónde irán los recortes que será necesario aplicar al presupuesto del 2014 para cumplir con el objetivo del déficit. Se están produciendo contactos entre todas los departamentos para estudiar el margen que existe en cada una de ellas. Pero el portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro, ya avanzó ayer que el ajuste "no será muy grande".

No detalló más. Entre otras cosas porque el Gobierno todavía no conoce la magnitud real del recorte que tendrá que hacer. Está a la espera de los informes del Ministerio de Hacienda que marcarán la hoja de ruta al tijeretazo. Mientras tanto, el Ejecutivo aprobó ayer remitir un requerimiento al Estado para que corrija el cálculo de la cifra de déficit de la comunidad del 2013, como paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo. En realidad un trámite formal que no debe conducir a nada. Representantes del Gobierno de Aragón han mantenido contactos esta misma semana con Madrid y los avances para limar alguna décima del déficit han sido nulos. Entre ellas una el lunes entre Bermúdez de Castro y Javier Campoy con la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás.

Las posiciones siguen inamovibles. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comunicó oficialmente a Aragón que había alcanzado en el 2013 un déficit del 2,06%, cuando el límite fijado era del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. El ejecutivo aragonés entiende "equivocados" los criterios según los que la IGAE ha realizado determinados ajustes, llegando a ser la discrepancia entre los datos del Gobierno de Aragón y los del Estado de 173 millones de euros. Estos criterios, sin embargo, están en vigor desde el 2004, y hasta ahora el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi no se había quejado.

La DGA insiste en que se han omitido 96 millones de recaudación incierta cuyo cobro aún no se ha efectuado pero que están reconocidos en el 2013, y de los que incluso 60 millones están avalados por los deudores. También 35 millones de transferencias del Estado por fondos procedentes de la Unión Europea que Aragón tiene devengados en el 2013.