El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, se comprometió ayer ante los grupos parlamentarios a no firmar ningún contrato público con empresas privadas que incluyan cláusulas de confidencialidad como la que contiene el suscrito con Dorna para hacer premios GP de Motociclismo en Alcañiz. Así lo garantizó durante la presentación de los presupuestos de su Departamento, tras las protestas de la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, también secundadas por el de IU, Adolfo Barrena.

Bermúdez de Castro, no obstante, reiteró que no puede hacer público el actual contrato firmado por el anterior Ejecutivo, porque así se lo indican los servicios jurídicos. Hacer lo contrario sería, a juicio del dirigente popular, cometer prevaricación. Pero sí mostró un particular empeño en garantizar durante esta legislatura la transparencia y fomentar la participación ciudadana, algo que vieron con buenos ojos la mayor parte de los grupos. Aún así, esperarán a conocer el contenido de la futura ley al respecto que quiere presentar el próximo año y el margen que dará para presentar enmiendas. Pero Bermúdez de Castro se reafirmó en su voluntad de acercar a la ciudadanía la actualidad legislativa y que esta pueda implicarse.

LA AMBIGÜEDAD DEL PAR Estos compromisos los efectuó durante su turno de réplica a las críticas de los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, a las que se sumó alguna reticencia del portavoz del PAR, Alfredo Boné, quien a pesar de sustentar al Ejecutivo y formar parte de él, volvió a reprochar la escasa dotación presupuestaria para las comarcas, la universidad, los emprendedores y la radiotelevisión autonómica. Y en esa aparente ambigüedad del PAR en los presupuestos que ellos mismos han negociado porque forman parte del Gobierno de Aragón, avanzó que apoyarán el debate a la totalidad pero eso "no quiere decir" que se aprueben los presupuestos, algo que no se sabrá hasta el 31 de enero.

LA MITAD PARA JUSTICIA En cuanto a su departamento, las cuentas presentadas sufren una reducción considerable, del 12% respecto al año anterior. En cualquier caso, el área con más compromisos y utilidad social, Justicia, aumenta un 3% sobre las cuentas del 2011 y, por tanto, es en Presidencia donde se reducen las cifras hasta un 27%. De los 138 millones que gestionará la consejería, más de 68, casi la mitad del total, serán para Justicia.

Excluyendo lo relacionado con las competencias judiciales, el mayor recorte se da en gastos corrientes, bajando de 11 a 6 millones y en las transferencias y subvenciones. Eso sí, defendió que se mantienen las ayudas a cooperación, aunque este apartado fue criticado por la oposición, que considera que no se aporta lo suficiente. Y propuso que se haga una bolsa común con las aportaciones de todos los sectores que se dedican a la cooperación, para aunar fuerzas y optimizar recursos. Una especie de centralización del gasto. Para Barrena, la postura es "demagógica".

No solo el PAR criticó el descenso en la partida a la tele. También lo hizo IU y especialmente CHA, quien vio en el ajuste una tendencia privatizadora y una amenaza para el empleo en el sector audiovisual aragonés. El consejero fue comprensivo con la crítica y admitió los ajustes, pero los justificó por la situación económica y defendió la reducción en la corporación audiovisual al acabar el contrato de retransmisión de la Liga de Campeones de fútbol y la considerable reducción en patrocinios deportivos, que a partir de ahora ya no asume Aragón TV sino la Secretaría General Técnica, en favor del deporte de base (aunque la oposición también consideró que no se ayuda demasiado).

El portavoz del PSOE, Carlos Tomás, criticó los presupuestos de un departamento que, aunque "no es inversor", es "transversal" y "tampoco contribuye a la dinamización de la economía y la creación de empleo".