La red aragonesa de residencias de personas mayores, tanto concertadas como privadas, será inspeccionada en su totalidad por el Gobierno de Aragón tras los graves incumplimientos detectados en algunos de estos centros, que han llevado a Bienestar Social a decretar el cierre definitivo de los primeros nueve pisos, ocho de ellos en Zaragoza capital con 165 ancianos. El departamento asegura que en total existen encima de la mesa 25 órdenes antiguas de cierre sin ejecutar, de las que quince son por "deficiencias muy graves" y diez por faltas administrativas. Una situación que le ha llevado al consejero Ricardo Oliván a ordenar un plan de actuación integral en las cerca de 300 instalaciones abiertas en Aragón.

En la ronda inspectora que se está llevando a cabo, se han primado las visitas a las nueve residencias de titularidad privada que debían estar clausuradas, y sobre las que, según la DGA, y tal como adelantó Heraldo, ya se ha notificado su cierre, que deberá ejecutarse en un periodo que va de un mes a un año dependiendo de la gravedad de la situación y del plan de recolocación que propongan. Mientras que a las otras seis calificadas con el nivel 1 o con faltas muy graves se acudirá antes de finales de enero. En total, en estos quince centros residen alrededor de 350 personas.

En cuanto a los diez de nivel 2 o con faltas administrativas, se les visitará durante el primer trimestre del 2012. Fuentes de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia, admitieron ayer las malas condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad en las que viven estas personas desde hace años, ya que existen expedientes abiertos con fecha del 2005.

CONDICIONES "En lugares con capacidad para diez personas viven 25. Hay pisos sin calefacción. Algunos ancianos están atados a los asientos. Los trabajadores carecen de la cualificación necesaria. E incluso se llegaba a cerrar por fuera la puerta del piso y se les dejaba a todos dentro y solos por la noche", explican desde el departamento. Sin embargo, el departamento no ha querido dar los nombres de las residencias con orden de clausura "para no crear alarma social". Y ahora es la directora general de Bienestar Social y Dependencia del Gobierno aragonés, Cristina Gavín, quien llevará a cabo el plan integral de inspección de todos estos centro de mayores repartidos por toda la comunidad.