Ni la financiación autonómica, ni los acuerdos de la comisión bilateral Aragón-Estado, ni la Conferencia de Presidentes, ni el Patronato del Archivo de la Corona, ni la comisión de seguimiento del Pacto del Agua. El balance de la bilateralidad, año y medio después de que se iniciara la legislatura en las Cortes Generales, es parco. De algunos de estos foros nada se sabe, y de los que hay noticia, las conclusiones son exiguas. Este semestre debería ser fundamental para desencallar las relaciones políticas entre la comunidad y el Estado, aunque el panorama político en Cataluña sigue dilatando el proceso normal con el resto de comunidades autónomas. Se esperan noticias para los próximos meses, pero lo cierto es que los acuerdos que se deberían haber fijado ya acumulan un notable retraso.
Hace justo un año se celebró la primera conferencia de Presidentes de la segunda legislatura de Mariano Rajoy. La sexta desde que se constituyó, en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, en el 2004. A pesar de que está considerado como uno de los foros más válidos para la interlocución entre comunidades y el Estado, los acuerdos alcanzados en enero del 2017 apenas se han cumplido, algo que también ha sucedido en convocatorias anteriores. De todos ellos, se ha constituido una estrategia nacional sobre el reto demográfico que hasta ahora ha extraído escasas conclusiones. Se ha alcanzado un tímido y escaso acuerdo contra la violencia de género y se ha modificado el reglamento de la reunión.
Incumplimientos
Pero nada se sabe de la tarjeta social, la cooperación en sus respectivas competencias de protección civil, la reforma de la financiación autonómica, los mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, de las políticas de empleo o del gran acuerdo por la educación. Todos estos aspectos están aún por desarrollar.
Lo mismo sucede con la financiación autonómica. Si en la anterior legislatura Montoro renunció a modificarla ante la situación política, parece que va a seguir los mismos pasos, a pesar de los continuos anuncios de que se va a abordar de forma inminente. Sin presupuestos aprobados y sin un acuerdo en la mesa de expertos que elaboraron un dictamen sobre la materia, los contactos para acordar un modelo que satisfaga las necesidades de todas las comunidades está aún muy lejos. Cierto es que falta mucha legislatura, pero los avances, por el momento, son nulos.
Uno de los grandes logros del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado en el 2007, era que permitía la negociación bilateral con el Estado de una forma directa y más agil que las anteriores comisiones mixtas. Desde entonces, en once años, ha habido seis reuniones y también los avances han sido escasos.
La más fructífera de todas fue la que se celebró el pasado mes de junio. Ambas partes elogiaron la sintonía y aplaudieron el elevado número de acuerdos alcanzados. Sin embargo, pasado medio año, los distintos grupos de trabajo que se habían creado para elaborar un seguimiento de los mismos apenas se ha reunido, y las conclusiones son escasas. Ambas partes coinciden en que la situación en Cataluña ha interferido, ya que gran parte del área de Administraciones Territoriales ha tenido que volcar todo su esfuerzo en la situación creada en esa comunidad tras la declaración ilegal de independencia y la aplicación del artículo 155 que intervenía sus competencias.
A la espera de que se termine de decidir la situación en Cataluña, los grupos de trabajo y los avances están prácticamente parados.
En este sentido, ni se ha reducido la conflictividad por la que se pretendían reducir los litigios que se llevan al Constitucionalidad por cuestiones de competencias, ni se ha avanzado en el estudio de las necesidades económico-financieras de Aragón. Ambos puntos eran parte de los acuerdos adoptados. El grupo de trabajo permanente no se reúne y sí se han dado algunos pasos para abordar el problema del lindano en el Alto Aragón, así como la conmemoración del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Pero poca cosa más.
Peor situación es la que vive la comisión de seguimiento del Pacto del Agua. Si bien se contempló que haya una reunión semestral entre el Ministerio de Medio Ambiente y los grupos parlamentarios de las Cortes para evaluar el estado de las obras hidráulicas de la comunidad, hace ya tres años que no se reúne este órgano de debate y consenso.
La presidenta de las Cortes, Violeta Barba, solicitó el pasado mes de diciembre la convocatoria de esta reunión, desde el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina aún no se han pronunciado. Se da además una circunstancia todavía más peculiar, y es que pasados dos años y medio de esta legislatura autonómica, no se han reunido ni una sola vez, con lo que dos grupos parlamentarios con especial relevancia, Podemos y Ciudadanos, no han podido participar aún en este foro, ya que en la última reunión celebrada no existían. Por tanto, casi el 30% del arco parlamentario vigente no ha expresado su voz en esta comisión que, además, podría plantear ya una revisión de este pacto, puesto que muchas cosas han cambiado desde su entrada en vigor y hay varias obras en entredicho y con procesos judiciales abiertos que las mantienen en fase de bloqueo.
Con este panorama, el 2018 será clave para dirimir qué tipo de relaciones bilaterales mantiene el Estado con Aragón y cual es la lealtad institucional que ambas administraciones deciden mantener.
