La aplicación progresiva de la criticada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) sigue su curso. Desde mañana y hasta el próximo jueves, Aragón celebrará las pruebas de evaluación en 3° de Primaria, en las que participarán unos 12.000 alumnos. Sin embargo, el transcurso de estas reválidas se prevé agitado tras la anunciada intención de varios colectivos de la comunidad educativa de boicotear las evaluciones individualizadas.

Desde UGT Aragón han pedido a los profesores que se sumen a los paros de una hora (entre las 10.00 y las 11.00 horas) en los centros, coincidiendo con el inicio de las pruebas. Mañana será el turno de Matemáticas, el miércoles se celebrará la evaluación de Lengua y el jueves, la de Inglés. Por su parte, CGT Aragón llama a una jornada de huelga a los docentes no universitarios para pasado mañana, con una manifestación vespertina en Zaragoza, mientras que desde Marea Verde Aragón han pedido a los padres que no lleven a sus hijos a clase.

La evaluación es individual y no conlleva una calificación. Desde el Departamento de Educación han manifestado en numerosas ocasiones que no se trata de un examen y que tampoco supondrá el establecimento de un ránking de centros en función de las notas. Sin embargo, la consejería ya avisó a la dirección de los centros de la suspensión de la prueba a todos aquellos alumnos que no la realicen sin justificación. Para que conste un No presentado en lugar del suspenso deberá aportarse un certificado médico.

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar) alertó que, aunque esta situación no tendría efectos académicos, la prueba individualizada podría llegar a contar a la hora de decidir si un alumno pasa de curso o no.

POSIBLE ILEGALIDAD

También la información referente a la celebración de estas reválidas ha sido criticada desde varios sectores, al considerar que no ha habido una "publicación oficial" de los datos que se han transmitido a los centros y, por tanto, muchas familias desconocen la prueba a la que se van a enfrentar sus hijos.

Fapar apuntó que se vulnera así el derecho de las familias a conocer el proceso de evaluación al que van a ser sometidos sus hijos y que contempla la Orden de 31 de octubre de 2014 en su artículo 22 sobre la evaluación en Educación Primaria.

Un colectivo de padres y madres del colegio Sainz de Varanda, en el barrio zaragozano de La Paz, ya ha cursado una quejda al Justicia de Aragón, que ha sido admitida a trámite, en la que explican la posible ilegalidad de las pruebas de 3° de Primaria, que vulnerarían según su argumento la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. "Atañe a la protección de datos académicos y personales que afectan a los alumnos y a sus familias y ha sido claramente incumplida por la consejería de Educación, que se ha negado a facilitar información sobre el procedimiento de las pruebas y sobre las consecuencias de la negativa a participar en las mismas", explicaron. Estas familias se manifestarán en la puerta del centro durante los tres días de prueba.