La Asociación Profesional de Bomberos de Aragón reavivó esta semana su apuesta por una inversión en el servicio provincial de Huesca orientada al personal, no al aumento de parques comarcales, un enfoque que a su juicio «se ha demostrado incapaz, obsoleto e ineficaz». La asociación considera que el empeño en mantener, incluso ampliar, la gestión comarcal de los servicios de extinción responde a criterios «políticos», de satisfacer a «los alcaldes que quiere un parque en su pueblo», más que a una vocación de dar un servicio efectivo al ciudadano.

El pasado lunes, una inusitada coincidencia en la votación de PP y Podemos tumbaba en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón una aportación presupuestaria de 1,5 millones de euros para la Diputación de Huesca (DPH) de cara a reforzar el servicio. Lo hicieron con argumentos similares a los de la asociación, tanto por el carácter político de la ayuda como por enfoque erróneo del asunto, ya que con la profundización en el sistema comarcal la DPH no asume la competencia, como marca la ley vigente mientras no llegue la creación del servicio autonómico de bomberos. Para la asociación, «toda aportación presupuestaria es positiva», pero siempre que el dinero público «se destine correctamente», lo que a su juicio no pasa por la ampliación de parques (hasta 16 en la provincia, contempla la DPH) sino un aumento del personal profesional y una distribución racional del mismo.

La fallida aportación de los 1,5 millones de euros (el PP también afeó que no fueran 5, como se había anunciado) hubiera bastado para cubrir la mitad de la inversión que, para la asociación, sería necesaria para contratar los 74 bomberos profesionales necesarios para la plantilla. Con los 40 (en realidad, algunos menos) actuales, completarían los 114 precisos para cubrir turnos de «24 horas, 365 días al año» en los siete parques que, según su estudio, serían suficientes para dar servicio a toda la provincia.

DISTRIBUCIÓN / El modelo actual, que aún podría aumentarse en cuanto a parques, supone que existen instalaciones a apenas 10 minutos unas de otras, como pueden ser Jaca y Sabiñánigo o Graus y Benabarre, pero con plantillas tan mermadas (incluso a base de voluntarios remunerados y brigadas municipales) que obligan a cerrar parques algunas horas o los fines de semana.

Con su modelo, afirman, tres parques principales (Monón-Barbastro, Jaca-Sabiñánigo y Fraga) y cuatro secundarios (Sariñena, Benabarrre, Villanova y Boltaña-Aínsa) bastarían, con los 74 refuerzos, para un servicio continuado y e más calidad, con un aumento presupuestario de 2,9 millones anuales. Menos de los 10 millones para tres años que, en teoría, tienen intención de aportar la DGA y la DPH conjuntamente.

Con este estudio, elaborado hace ya un año pero de vuelta a la actualidad con el fallido incremento presupuestario, entienden que se evitarían disfunciones como la producida por la amortización de siete plazas en La Litera, «histórica en España», que ya ha traído sus consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que, según recuerdan, la semana pasada la Policía Local y el propio personal de un taller de Binéfar tuviesen que apagar un incendio en un taller, cuando los Bomberos del Cinca Medio no pudieron llegar antes de 45 minutos. Algo «lógico», explican desde la asociación, teniendo en cuenta que sin personal activado permanentemente hay que esperar a que lleguen al parque los que están de guardia. Su modelo de concentración, afirman, se aplica en numerosas provincias españolas (una quincena), que con seis parques cubren todo el territorio.

Las reivindicaciones del colectivo también pasan desde hace año por una profesionalización de los efectivos, huyendo de las agrupaciones de voluntarios, como por otra parte marca la ley autonómica vigente.