El consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, y el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Catalá, cerrarán un acuerdo sobre el canon de saneamiento antes de dos semanas. Así al menos se lo ordenaron ayer el vicepresidente José Ángel Biel y el alcalde Juan Alberto Belloch durante la primera reunión de los dos mandatarios ahora socios de gobierno en cuatro años.
La DGA quiere incorporar a la capital aragonesa al canon autonómico de saneamiento. El Ayuntamiento de Zaragoza no está dispuesto a pagar por este servicio hasta que no se termine de pagar la depuradora de La Cartuja en el año 2013. Catalá y el viceconsejero de Medio Ambiente, Luis Marruedo, se reunirán la semana que viene para intentar desatascar el conflicto. El ayuntamiento no está dispuesto a que los ciudadanos tengan que sufrir en el recibo del agua este canon y pide un trato especial: quiere el control de la gestión del saneamiento de la ciudad y, para hacer frente a esta competencia, exige que el sobrante del impuesto se reparta al 50% entre DGA y ayuntamiento. Para el Gobierno aragonés, esta fórmula sería de "dudosa legalidad".
Además, el ayuntamiento valora en unos 200 millones de euros la deuda histórica que la DGA debe abonar a la ciudad por asumir en solitario los gastos para depurar sus aguas residuales. En el 2006, el Gobierno tenía previsto ingresar 31 millones del consistorio por este concepto antes de que las negociaciones entre Boné y Catalá se rompieran.
El acuerdo sobre el canon de saneamiento pretende ser el primer consenso que vendan públicamente a los zaragozanos la DGA y el equipo de gobierno municipal en la comisión bilateral que celebrarán en el edificio Pignatelli el próximo 14 de noviembre. Los encuentros serán cada dos meses y el siguiente se celebrará en la casa consistorial.
La intención de Biel y Belloch es que en cada una de las reuniones bilaterales, que estarán presididas por Marcelino Iglesias, se desatasque "al menos" alguna de las cuestiones de ciudad. "Para que las cosas salgan bien hay que reflexionar y ser muy discretos", insistó el vicepresidente aragonés. José Ángel Biel aseguró que estas reuniones demostrarán que "las cosas salen" y que "funcionan aún sabiendo que las cosas en el ayuntamiento están como están", es decir, en minoría y con la necesidad de alcanzar acuerdos.
Los grupos municipales de la oposición (PP, CHA e IU) reprocharon ayer al vicepresidente José Ángel Biel que tras su reunión con el alcalde no dijese una sola palabra sobre su promesa electoral de entregar 700 millones de euros a la capital aragonesa.
El popular Domingo Buesa insistió en sus críticas por la injerencia de Biel en la política urbanística de la ciudad. El nacionalista Antonio Gaspar exigió el pago de los millones prometidos y el concejal de IU, José Manuel Alonso, destacó la importancia de estas reuniones para resolver los problemas que supondrá el desarrollo de la Ley de Dependencia en la capital aragonesa.
