El Gobierno ha apuntado a los trasvases de agua entre cuencas como solución a los déficit hídricos de algunas de ellas, aunque ha incidido en la importancia de un consenso suficiente para dar respuesta a largo plazo y de garantizar siempre la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso. Así se pone de relieve en un documento, cuyo contenido fue adelantado ayer por la Cadena Ser, que el Gobierno ha compartido con el PSOE para avanzar en las negociaciones de un Pacto Nacional del Agua, en el que se propone estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de las transferencias de agua entre cuencas.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, asevera que los nuevos trasvases contarían con una regulación tanto técnica como jurídica y económica, e insiste en la necesidad de ejecutar en cada una de las demarcaciones hidrográficas aquellas infraestructuras «convencionales y no convencionales» que aumenten las garantías para satisfacer las demandas de agua en un escenario de cambio climático. Entre las medidas que plantea el documento que el Ejecutivo ha enviado al PSOE figuran la de poner en marcha un programa de mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas ya existentes o promover el uso eficiente del agua y el ahorro en todos los sectores y en el uso doméstico.

Señala en este sentido la importancia de poner en marcha esas medidas de ahorro y eficiencia en la agricultura como principal consumidor de agua, «adaptando la agricultura de regadío a los nuevos desafíos del cambio climático para garantizar la sostenibilidad del sector».

El documento, que el Gobierno ha enviado como «borrador», apuesta por impulsar los trasvases para mejorar la garantía de suministro en un mismo ámbito de cuenca, con el objetivo de disponer de una red de infraestructuras interconectadas para poder suministrar más eficientemente desde cualquier punto. Respecto a los trasvases que ya están en funcionamiento en España, el documento plantea avanzar en la creación de la comisión de gestión para cada una de las transferencias, para disponer de un órgano que dé mayor transparencia a su gestión.

Asevera el documento que, el ámbito de los recursos hídricos, los efectos del cambio climático son «más severos y evidentes» y que la reducción de los recursos será más grave a medida que avance el siglo. El Gobierno considera que ese plan debería definir una política de Estado «integradora, consensuada y solidaria, con vocación de continuidad a largo plazo» y que asegure el equilibrio, la protección ambiental del medio hídrico «y la atención a las demandas en todo el territorio nacional».