La bronca confirma que se anticipa la campaña electoral

Como ya viene siendo habitual en las pasadas legislaturas, el mes de febrero del penúltimo año suele marcar el inicio de la cuesta abajo política tras dos años y medio previos en los que el debate discurre sin apenas sobresaltos y en los que los distintos grupos políticos parece que se tantean como boxeadores recelosos que no se atreven a lanzar el golpe. Todo lo contrario que sucede 15 meses antes de las elecciones, cuando los grupos ya han tenido tiempo de conocerse y donde las cartas, ya marcadas, se ponen sobre la mesa con la contundencia de quien juega al órdago. Y eso, en una partida tan compleja como la política aragonesa, con siete grupos y divergentes, aunque en ocasiones converjan, no deja de ser un riesgo político que nadie rehúye. Y menos cuando hay encuestas --más bien sondeos y tendencias-- para todos los gustos, pero que parecen coincidir en que la balanza puede caer para cualquier lado.

Ya sucede esta legislatura, donde el bloque de izquierdas está consolidado pero solo supera en un escaño a otro grupo también consolidado, formado por PP, Ciudadanos y PAR, en el que Cs comienza a ser el enemigo a batir, como ayer ya se pudo comprobar al recibir pullas de los populares, sabedores de que el caladero de votos es compartido. En cualquier caso, y como también sucede en Madrid, votaron juntos y compartieron ideario.

Lo compartieron, como el PAR, en uno de los aspectos en los que la oposición conservadora ha centrado la principal estrategia de legislatura: la crítica a la política fiscal del Ejecutivo, y en especial a la carga por el Impuesto de Sucesiones. Habrá una comisión de estudio en las Cortes --gracias a que Podemos la apoyó, rompiendo el bloque de izquierdas, junto a PP, PAR y Cs pero para demostrarles que están equivocados en su interés por suprimirlo. Con su voto, Podemos logra justo lo que pretendía evitar el Gobierno, que se siga hablando de un debate que cala socialmente por su parte demagógica y que le debilita. Y la presión fiscal es uno de los principales argumentos de campaña de los populares para hacer mella en el Ejecutivo PSOE-CHA, que la semana que viene superará uno de sus últimos escollos de la legislatura con la aprobación de los presupuestos de este año.

Otro de los eternos debates en la política aragonesa y nacional es la sempiterna amenaza de los trasvases. En Aragón --salvo la calculada ambigüedad de Ciudadanos-- hay una férrea oposición a cualquier intento, pero la mosca siempre está detrás de la oreja. Ayer salieron a relucir los delirios trasvasistas de Jaume Matas y José María Aznar, pero también los de José Borrell y Felipe González, 25 años atrás, cuando una cuarta parte de la Cámara aún estaba en el colegio estudiando los afluentes del Ebro. Todo vale para lanzar artillería de un lado a otro del hemiciclo.

Si hay dos dirigentes que se conocen bien en el panorama político estatal, estos son Lambán y Beamonte. Ambos comparten escuela política (la que solo se puede aprender en las diputaciones provinciales) y simpatía personal. Pero esta corre riesgo de resquebrajarse en los sucesivos debates parlamentarios. Ayer fue una muestra evidente tras varios excesos verbales del presidente Lambán, quien dijo que no entraría en «menudencias y sandeces» tras la intervención de un Beamonte que le reprochó que «esto de las formas» no fuera con Lambán. En una vuelta de ironía, el presidente del Gobierno tiró de diccionario para distinguir entre sandio (quien dice sandeces) y sandez (dicho o hecho necio, torpe o poco adecuado). Ante la crispación dialéctica en el hemiciclo cuando se debatía quién lo hizo peor en el hospital de Alcañiz, el presidente exclamó que quienes necesitan un hospital son los diputados del PP. Les recordó que pintan poco en Madrid, al hilo del trasvase, y Beamonte le replicó que ya le gustaría tener tan buena relación con Pedro Sánchez como la suya con Rajoy.

La portavoz del PP, Mar Vaquero, pidió rectificación ante tanto ataque tirando de reglamento en una nueva escenificación de lo que es la política parlamentaria cuando llega el penúltimo febrero de legislatura. Su denuncia cayó en saco roto y siguió la algarabía. Javier Campoy surgía desde la grada para interpelar de viva voz a Mayte Pérez que en poco más de un año ellos darán la vuelta a la tortilla. Una tortilla que, si se trazan los grandes hitos de legislatura, a estas alturas parece ya lo bastante cuajada. La Administración General funciona con la precisión de una excelente gestoría, y los impulsos políticos --una vez aprobados los presupuestos-- serán escasos. En algunos casos con fracasos que pasarán desapercibidos ante tanto ruido extraoficial. Es el caso de la incapacidad de crear una ley de Renta Básica --si alguna vez tuvo sentido existiendo el IAI-- o de constituir una comisión de investigación sobre depuración que ni siquiera es capaz de decidir qué o a quién hay que investigar.