La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha dicho hoy que bastarían 1,5 millones de euros en la partida presupuestaria para el cumplimiento de la ley de la pobreza energética, teniendo en cuenta que el número de familias atendidas han sido 4.950 y se han gastado 1,2 millones.

La ley, de noviembre de 2016, hace efectivo el derecho de acceso a los suministros básicos energéticos a las personas o familias en situación de vulnerabilidad y garantiza que no se les corta el suministro por impago.

La consejera, en respuesta a una interpelación que le ha formulado en las Cortes la diputada de Podemos Amparo Bella, ha asegurado que se está elaborando el reglamento que deberá desarrollar la ley para dar solución a estas familias y que no sufran cortes de suministro, a la par que se ha hecho un "gran esfuerzo" con el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para que las familias tengan "recursos para vivir con dignidad".

Para el desarrollo del reglamento, Broto ha dicho que ya se han mantenido reuniones con diferentes entidades e instituciones, sobre todo con el Ayuntamiento de Zaragoza, donde viven la mitad de los aragoneses, y que está pendiente de convocar una reunión del Consejo Interadministrativo para este fin.

Aunque Bella ha apuntado que 7.000 familias están esperando, la consejera ha asegurado que son casi 5.000 las que han sido atendidas, a quienes se les han pagado unas 14.000 facturas.

Por ese motivo, ha pedido seriedad a la hora de dotar presupuestariamente la ley, porque si se incluyen tres millones de euros, por ejemplo, sólo se gastaran 1,5 y "Hacienda se ganará otro millón y medio".

Se ha referido además al registro de consumidores vulnerables que plantean las leyes de pobreza energética y emergencia social, clasificación que ha reconocido que no le gusta pero que se debe hacer para que los centros de servicios sociales y las empresas suministradoras tengan conciencia de la vulnerabilidad de las familias a las que se les envían preavisos de cortes de suministro.