La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, señaló ayer que el plan de inspección de centros de mayores ha permitido advertir algunos problemas en una veintena de ellos.
Broto precisó que no hay aún un informe cerrado sobre los mismos y que "se inspeccionarán todos los centros, públicos, privados y concertados". Un compromiso que adquirió tras el incendio de la residencia de la tercera edad de Santa Fe, en el que murieron ocho personas y otras doce resultaron heridas. En ese momento, también se mostró partidaria de modificar el decreto por el que se rigen este tipo de centros y donde se establecen las ratios de trabajadores y número de internos, ya que a su juicio se ha modificado en gran medida el perfil de los residentes, especialmente desde la aprobación de la Ley de Dependencia.
Broto se refirió a este asunto durante la visita que hizo en Borja a la residencia de mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) donde ha apostado por la colaboración entre la DGA, ayuntamientos y comarcas para la prestación de servicios sociales.
Durante la visita, en compañía del alcalde, Eduardo Arilla, destacó la tarea que hacen los trabajadores de estos centros en un tiempo de dificultades económicas. A este respecto, recordó al Estado la necesidad de que aporte el 50 por ciento de la financiación que supone la implantación de la norma, algo que en la actualidad no hace.
