La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, inspeccionará "al milímetro" el contrato adjudicado a la empresa Intress para la gestión educativa del Centro de Orientación y Atención a Menores de Aragón (COA), pero ha insistido en que jurídicamente es "imposible" revocarlo.
Broto ha explicado hoy en el Pleno de las Cortes que cuando llegó al gobierno a mitad de julio el expediente para la adjudicación de este servicio estaba muy avanzado y el director gerente del IASS tuvo que firmarlo el 28 de ese mismo mes.
La consejera se ha mostrado en desacuerdo con el pliego de condiciones del contrato, que se adjudicó por 2,53 millones de euros y que se había tramitado "correctamente" por parte del anterior ejecutivo, y ha asegurado, en respuesta a una interpelación sobre el asunto formulada por la diputada de Podemos Amparo Bella, que "no hay posibilidad de revocación".
Broto ha recordado que el propio comité de empresa del COA, cuyos trabajadores están en huelga desde el 1 de noviembre de 2014, acudió al Tribunal de Contratación para pedir que se estudiara la validez de contrato, y este órgano coincidió con la Secretaría General Técnica de Departamento y con los letrados de la comunidad en decir que legalmente no es posible la revocación.
"No podemos modificar las leyes que no nos gustan con carácter retroactivo", ha advertido Broto, quien ha recordado que después de esto el comité de empresa ha llevado el contrato a los tribunales, cuya decisión ha instado a esperar.
Si Broto hubiera visto "alguna posibilidad de revocación" ha asegurado que lo hubiera hecho.
Pero la realidad, ha agregado, es que hay vigente un contrato que hay que cumplir, y lo que va a hacer el departamento es "exigir a la empresa que lo cumpla".
Bella, por su parte, ha criticado duramente la externalización de servicios de atención social, porque "las privatizaciones matan" y ha abogado por la prestación directa de este tipo de servicios, que de esta manera "pueden ser más eficaces" y "ahorrar costes a la administración", además de ofrecer más calidad.
A este respeto, Broto ha indicado que está dispuesta a estudiar la posibilidad de que el centro pase a estar gestionado totalmente desde el ámbito privado cuando finalice la vigencia del actual contrato con Intress, dentro de tres años.
Bella ha pedido por su parte la creación de un observatorio de la contratación para analizar cómo se prestan los servicios y cómo aplicar en ellos cláusulas sociales.
La diputada de Podemos ha recordado las críticas vertidas en numerosas ocasiones por los trabajadores del COA en cuanto al "caos y desorganización" en la prestación de un servicio que, por otro lado, no está protocolizado y llega a poner en riesgo la seguridad de los menores a los que en teoría debería proteger.
