El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza están procurando que la próxima reunión bilateral, de seguimiento a la ley de capitalidad aprobada el año pasado, esté dotada de contenido de envergadura e interés político para ambas administraciones. Se han colocado en el orden del día temas de relevancia que desbloquearán atascos históricos. Entre ellos, para los intereses municipales, conseguir la cesión definitiva del antiguo reformatorio del Buen Pastor, en Valdefierro; la del párking Norte de la Expo, que año a año se cede de forma temporal para las fiestas del Pilar; y la de parte de los juzgados de la plaza del Pilar.
Un listado de asuntos pendientes de resolver y que podían cerrarse con un pacto político de envergadura entre el presidente aragonés, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, demostrando a la vez que en tiempos de máxima tensión de puertas para adentro en la casa consistorial, el diálogo con los dirigentes socialistas es más fácil fuera, en el edificio Pignatelli.
SIN FECHA AÚN // Pero hay cuestiones que el Ejecutivo autonómico considera estratégicas y que ha pactado con el ayuntamiento incluirlas también en la mesa de la bilateral. Una reunión a la que, por otra parte, todavía han sido incapaces de ponerle fecha. Por cuestiones de agenda, aseguran.
En esta cita también estarán presentes asuntos que al Ejecutivo aragonés le interesan y que, a la vista de las reuniones técnicas celebradas en las últimas semanas -la última, ayer-, podrían encontrar por fin un acuerdo.
Uno de los que la DGA quiere sacar de la bilateral es la renuncia del consistorio al 10% del aprovechamiento del chalet de la calle Lagasca donde antiguamente funcionaba el Tribunal de Menores de Zaragoza. Esta propiedad del Gobierno autonómico lleva años esperando una autorización municipal que le permita al Ejecutivo rehabilitarlo y sacar a subasta su enajenación.
Son ingresos que la DGA está dejando de percibir por el atasco en el área de Urbanismo. De hecho, el año pasado se llegó a abordar en el contexto global de una discusión que incluía la cesión parcial de los juzgados del Pilar. Como moneda de cambio o como parte de un acuerdo que debía abarcar todo. Ahora, ambos asuntos llegarán seguro a la bilateral y quién sabe si ambos se saldarán con acuerdo o si el éxito de uno estará supeditado al del otro.
Tampoco era el único condicionante. Otro era la liquidación del convenio de Plaza o el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), por la que el consistorio sigue reclamando una cantidad millonaria a la DGA a propósito de la obtención de un 10% del aprovechamiento del suelo que otros Gobiernos anteriores al de Zaragoza en Común (ZeC) no solo no reclamaron sino que, además, dejaron prescribir. El Ejecutivo de Lambán hasta ahora solo había ofrecido al consistorio la cesión del parque lineal de Plaza, para que su titularidad y su elevado mantenimiento pasaran a las arcas municipales. En esta ocasión podría estar cerca de zanjar este conflicto casi histórico.
Por último, otro de los asuntos de relevancia que ambas administraciones han decidido incluir en el orden del día afecta a los suelos del IFET del Picarral. El Gobierno de ZeC aprobó el pasado mes de marzo ceder gratis el uso temporal a precario del antiguo centro de formación, en la calle Ortiz de Zárate, a favor del Departamento de Educación, para que pueda seguir utilizándose como instituto de Educación Secundaria (ESO). Pero están en discusión los cambios en el planeamiento que deberían realizarse porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a día de hoy permite hacer pisos en el patio de este centro de enseñanza. Y no es que la DGA o el ayuntamiento quieran que deje de serlo, sino que el Gobierno aragonés pide trasladar esa edificabilidad a otra parcela y negociar con el consistorio ese 10% del aprovechamiento al que tendría derecho por hacerlo cuando se construyan pisos.
El pacto político, total o parcial, reforzaría a ambos gobiernos. Si se queda en nada, ambos saldrán perdiendo. Pero entre el apretón de manos y la discusión irreconciliable, el ayuntamiento ya ha puesto condiciones indispensables a materializar antes. La principal, según explicaron desde el consistorio, la adenda al convenio de Derechos Sociales -o la renovación del actual-, por la que la DGA transferiría a la capital los 3,5 millones más que se le prometieron en el acuerdo de la ley de capitalidad. Ahora el que está vigente le otorga 10 millones anuales y se fijó en 13,5, pero las responsables autonómica y municipal, María Victoria Broto y Luisa Broto, respectivamente, siguen sin ponerse de acuerdo.
Desde el Gobierno municipal se considera que la dilación, cuando se llevan casi cinco meses de este 2018, es inexcusable. Sobre todo porque los medios locales están soportando más competencias delegadas por la Administración autonómica. En menor medida, también se le ha urgido la firma de una adenda al convenio firmado para el sellado del vertedero, que la DGA lleva dos años de retraso en cumplir.
