La Audiencia Provincial de Zaragoza decretó una orden de busca y captura internacional contra Cosmin Adrian I., después de que hiciera caso omiso a la citación judicial para viajar a Rumanía en vez de sentarse en el banquillo de los acusados como sospechoso de unos abusos sexuales que sufrió una menor discapacitada en la localidad de Zuera. Al no presentarse por su propio pie, el día que tenga que responder ante la Justicia por estos hechos lo hará previo paso provisional por la cárcel. De esta forma, el magistrado presidente de la Sección Tercera, José Ruiz Ramo, quiere evitar que el sospechoso evite el juicio.

Y es que en este asunto está el precedente de otro de los acusados, Catalin Bogdan P., quien ha sido declarado en rebeldía porque se desconoce plenamente su paradero. De hecho, el tribunal provincial tenía ayer asumido que solo iba a juzgar a Cosmin Adrian I. y, de hecho, solo colocó una silla que finalmente no ocupó.

Cuando se produjeron los supuestos abusos sexuales, la víctima era una adolescente de 15 años, pero su retraso madurativo -tiene reconocido un grado de discapacidad del 26%- le hacía pensar y actuar como una niña. Una circunstancia que, según sus familiares, le impide mantener unas relaciones con su entorno de forma normalizada. Al parecer, los dos procesados y especialmente Cosmin Adrian I. aprovecharon este realidad para aprovecharse de la niña cuando se encontraba disfrutando de las fiestas patronales de Zuera junto a una familiar suya.

Los procesados consiguieron el teléfono móvil y el Facebook de la joven, donde se ganaron su confianza. Lo consiguieron y un día la invitaron a pasar un rato a su casa, a lo que accedió la menor. Ya en el interior de la vivienda, los encausados le ofrecieron alcohol y marihuana para doblegarle su voluntad. Tras ello, la tumbaron, supuestamente, en una cama y le realizaron determinados tocamientos. La madre de la menor se enteró tras comprobar los mensajes que había recibido la niña, interponiendo una denuncia ante la Guardia Civil que, a su vez, generó, al parecer, amenazas para que fuera retirada. Se enfrentan a penas de entre dos y cuatro años de cárcel que solicita el abogado Fernando Díaz.