Una soldado del Ejército de Tierra destinada en Zaragoza será juzgada próximamente por estafar a un superior, concretamente a una cabo, a la que presuntamente robó la tarjeta de crédito e hizo varias compras por internet con ella, con un importe de unos 600 euros. La mujer, L. I. G., tendría que haberse sentado ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza, pero el forense de guardia certificó que padecía un ataque de ansiedad, y el juicio se pospuso para otra ocasión.

Los hechos, según los expone la acusación particular, ejercida por el abogado Fernando Rodríguez Burgués, del bufete Ilex, en nombre de la cabo, ocurrieron en junio del año pasado, en la unidad militar que ambas comparten en la capital aragonesa, que no se precisa por cuestiones de privacidad.

Según sostiene la denunciante, y la Fiscalía, la acusada presuntamente aprovechó que su superior tuvo un momento de descuido en el vestuario, que ambas comparten como integrantes del mismo batallón, para robarle la tarjeta. Con ella realizó supuestamente dos compras en sendas páginas web comerciales, una por valor de 500 euros y otra por algo más de 120.

La víctima descubrió el uso cuando le llegaron los cargos del banco, y lo denunció. Fue entonces cuando los investigadores de la Policía Nacional descubrieron que la soldado había utilizado para el pago la tarjeta de su superior, pero sin embargo había introducido sus datos personales, nombre y dirección, para recibir los productos. A partir de ahí procedieron a detenerla, y la mujer, según fuentes jurídicas consultadas, admitió haber utilizado la tarjeta «por rabia», al parecer por la mala relación que mantenían (por lo menos por su parte) como superior y subordinada.

DAÑOS MORALES

El dinero fue reintegrado por la entidad bancaria, y la presunta estafadora alegó varios reintegros que, para la Fiscalía, reducen la indemnización a poco más de 100 euros. La acusación particular, sin embargo, pide 1.000 por daños morales, ya que la víctima sufrió «un profundo desasosiego y una falta de confianza en los compañeros de batallón» por miedo a que le volviesen a robar.

De hecho, la acusación particular solicita inicialmente una condena de dos años y un mes de prisión por la estafa, que la Fiscalía reduce a 9 meses. Lo más grave para la acusada, sin embargo, podría ser la pérdida de su condición de militar.