La Policía Nacional ha desarticulado una organización que utilizaba técnicas mafiosas, desde las amenazas hasta la explotación, para intentar acaparar el cuidado de ancianos y enfermos en los hospitales de Zaragoza. Los siete detenidos son en su mayoría familia de B. M. B. A., una nicaragüense que ya fue arrestada hace cinco años exactamente por los mismos hechos, pero que había reconstituido el sistema. La mujer es conocida no solo de la Policía sino de los vigilantes privados de los hospitales ya que no es «muy razonable» cuando le recriminan su actitud, según fuentes consultadas.

La Policía comenzó a investigar al grupo hace tres meses, cuando comenzó a recibir noticias de altercados en los hospitales entre personas que se ofrecían para el cuidado y acompañamiento.

«TERRITORIO NUESTRO»

Las denuncias coincidían en que este grupo se mostraba muy violento, y amenazaba a quienes intentaban conseguir trabajo diciéndoles que «esto es territorio nuestro». Para poder desempeñar estas tareas, debían hacerlo bajo las órdenes de B. M. B. A. y su núcleo duro, y pagar además una comisión de lo que recibían.

Con estos datos, la Policía comenzó a investigar a la organización y descubrió que no solo disuadían a la competencia, sino que adquirían trabajadores para el monopolio a base de explotar a compatriotas nicaragüenses y a otros trabajadores extranjeros, en situación irregular.

Les empleaban sin contrato, con lo que no accedían a ningún tipo de permiso de trabajo o residencia; es más, les amenazaban con denunciar su situación a las Fuerzas de Seguridad para que les expulsaran del país si contaban algo a la Policía o protestaban por sus condiciones.

Estas eran como para protestar, teniendo en cuenta que, salvo el alojamiento que les proporcionaban (con 50 empadronados en el mismo piso), les hacían trabajar en turnos de entre 10 y 12 horas diarias, durante hasta 12 días seguidos, cobrando 20 o 25 euros al día de los que debían pagar una comisión de 5 o 10.

Todo esto sin ningún tipo de alta en la Seguridad Social ni permiso, por lo que la Policía cursó 12 expedientes de sanción por infracción a la Ley de Extranjería.

Una vez estudiado el grupo, la Policía registró el domicilio de la líder de la organización y encontró listas de servicios, comisiones cobradas, trabajadores y sus deudas con la organización.

Con todo ello, los siete arrestados fueron puestos a disposición judicial por delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los extranjeros y de amenazas graves.