Las investigaciones de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han conseguido desmantelar una red nacional de inmigración ilegal en la que por el momento hay 172 implicados. De ellos 17, con nacionalidad española, actuaban como padres; mediante documentos falsificados, se atribuían la custodia de varios inmigrantes a los que traían desde sus países de origen aprovechando el derecho a la reagrupación familiar de ciudadanos comunitarios. Los hijos pagaban una media de 2.500 euros por esta adopción, lo que a diez vástagos por cabeza les reportó unos beneficios de 25.000 euros a cada uno.

Bien es cierto que la división no era exacta, y de hecho los investigadores han descubierto casos literalmente imposibles, que sin embargo consiguieron burlar los controles de la Administración. Por ejemplo, el de un guineano nacionalizado español que, aunque llevaba 30 años sin volver a su país de origen, presentó partidas de nacimiento de varios hijos nacidos en Guinea Ecuatorial entre 1990 y 1991, a los se trajo a España.

PROLÍFICAS Aunque sin duda los casos más llamativos para los investigadores son los de dos mujeres con una fertilidad inverosímil. Una de ellas se atribuyó la maternidad de cinco hijos en 1989 y cuatro más en 1990. Y sin gemelos ni mellizos de por medio. La segunda superó este récord y consiguió reagrupar a sus 21 hijos... nacidos en un periodo de tan solo cinco años.

Las investigaciones partieron desde Aragón, con el arresto de Fermín Nguema Esono, un abogado y exmagistrado de origen guineano con cinco hijos atribuídos. En la comunidad se han producido las únicas 30 detenciones en el desmantelamiento de la red --siete de ellas de padres--, la mayoría guineanos. A raíz de estos casos se localizó al resto de los imputados, 132 supuestos hijos y diez padres.

A todos los integrantes de la trama la Policía les atribuye delitos de falsificación de documentos, estafa a la Administración Pública y favorecimiento de la Inmigración Ilegal, y los casos se reparten por otras comunidades españolas, como Madrid, Toledo, Guadalajara. Toda la investigación ha sido llevada a cabo por la UCRIF de la brigada provincial de Extranjería y Fronteras en Zaragoza.