El juez de Menores Emilio Calatayud, famoso por sus sentencias ejemplarizantes en su juzgado granadino -la última, la que obligaba a un joven que robó en la peluquería en la que se formaba a terminar los estudios y cortarle el pelo-, participó ayer en el Foro Adea celebrado en el hotel Reina Petronila de Zaragoza. Allí volvió a exponer sus claves para solucionar el mal camino que, según puede comprobar, toman algunos jóvenes. En suma, pasan por un gran cambio en la educación en valores.

Calatayud, minutos antes de comenzar su intervención, sintetizaba los deberes de la sociedad en tres factores. Por un lado, «devolver el derecho de corrección a los padres. Confundir un cachete con un maltrato es una barbaridad, se mezcla autoridad con autoritarismo», explicaba.

En la misma línea, abogaba por «devolver la autoridad a los maestros, que no deben ser colegas de sus alumnos. Pero para esto, los padres y los políticos tienen que reconocer esta autoridad».

El tercer cambio, o peligro, según ve el juez, es la «banalización» y «normalización» del alcohol y las drogas. Respecto a lo primero, ironizaba con que «cuando seamos un Estado laico, y no haya fiestas patronales, no habrá los botellones institucionalizados en los que se han convertido». Sobre lo segundo, advertía del peligro del fácil acceso al cannabis, y el intelectualismo que lo rodea, «como si estuviéramos en mayo del 68», con funestas consecuencias para los menores.

Otro tipo de droga sobre la que alertaba es el teléfono móvil. «Yo soy fumador, y si estoy en una terraza con mi hijo de dos años no se me ocurre darle un cigarro para que se entretenga. Los móviles son un instrumento peligroso para el delito -en referencia, sobre todo, al acoso escolar o sexual-, también para las víctimas», concluía el magistrado.

Estos grandes cambios requerirían un nuevo modelo educativo, que parece contar con un consenso político, pero Calatayud no es optimista. «Llevan treinta y tantos años de democracia hablando, pero luego la ley no aguanta más de una legislatura»,

Calatayud aseguraba que, al menos en Granada, la ley de Menores «funciona», y hay medios para aplicarla y salvar al menos a un 80% de los «choricillos» para que no vuelvan al juzgado de adultos. Pero hay «una pequeña parte que, por su entorno o por su genética, que también hay que tenerla en cuenta, son carne de cañón». Aún así cree que se puede «ayudar» a parte de ellos.