Era el 15 de septiembre del 2015. Llovía mucho y David Giménez conducía su moto con precaución. Sin embargo, un jabalí se cruzó en su camino y en ese momento se truncó su vida. «Frené, pero patiné y, como consecuencia, sufrí un accidente en el que me partí las dos piernas», recuerda este aragonés. Fue operado de urgencia en el hospital San Jorge de Huesca por la gravedad de las lesiones y los numerosos politraumatrismos. A las horas, viajó hasta la uci del Miguel Servet, en Zaragoza, y allí estuvo ingresado en planta 35 días. «Todo fue muy rápido», indica.

Desde entonces «nada ha sido igual», reconoce, pero el «colmo» de la situación ha llegado por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, pese a su situación física, le deniega la incapacidad y le insta a volver a ejercer su trabajo como auxiliar de enfermería en la uci de un hospital. «Me llevé una sorpresa el 24 de agosto, cuando me llega una carta del INSS donde me dice que me dan el alta porque mis lesiones no me incapacitan para mi actividad laboral. ¿Cómo voy a entrar en una uci en silla de ruedas y con todas mis secuelas? No lo entiendo», cuenta Giménez, que tiene 38 años. «Me vine abajo. Tengo tantos dolores que, para paliarlos, tomo opiáceos y, además, estoy en tratamiento psiquiátrico por la ansiedad que todo esto me está generando», cuenta con indignación.

El afectado contactó con Ricardo Agoiz, abogado de la Asociación el Defensor del Paciente, quien tiene previsto presentar una demanda en el juzgado de lo social ante tal situación. «Me dice que nunca ha visto un caso igual», relata Giménez.

La situación es rocambolesca. Este aragonés presentó ante la Seguridad Social hasta cinco informes de especialistas diferentes que ratificaban que no era apto para «ningún tipo de actividad porque se desplaza en silla de ruedas», pero tampoco eso valió. «¿Qué más quieren?», se pregunta el paciente, quien sufre fracturas en las piernas, ausencia de venas tibiales anteriores y nervios seccionados como consecuencia del accidente.

«Y aún me tienen que operar alguna vez más. En la pierna izquierda tengo un placa, tornillos y una implantación de hierro que me hicieron este verano», relata. Pese al postoperatorio de esta última intervención, a principios de agosto el INSS le dice que acuda a hacerse una revisión y, a finales, es cuando recibe la carta donde le deniega la incapacidad porque su estado no alcanza una disminución de su capacidad laboral como auxiliar.

Baja por depresión

«Lo único que pido es un derecho, no un favor. Un derecho como ciudadano que siempre ha trabajado, ha contribuido, ha cumplido y creo que merezco que el sistema me ampare», comenta Giménez. «Y si mejoro y puedo andar, porque con las operaciones que me faltan sé que recuperaré, que me quiten la incapacidad y yo encantado de volver a trabajar», señala.

Agoiz apunta que este es un ejemplo de los «numerosos casos que se están dando en los últimos años, en los que personas que tienen una falta total de capacidad para trabajar, tienen que acudir a los juzgados porque el INSS se niega a darles la incapacidad», reitera el abogado.

Giménez es auxiliar de enfermería desde hace cinco años y, entre sus tareas, están la atención a las necesidades de los pacientes; hacer camas; limpiar aseos; alimentar a los pacientes; caminar o estar de pie; y realizar traslados de material hospitalario. «Es incomprensible que yo, en mi estado, pueda incorporarme para hacer todo esto», dice.

Actualmente, tiene una baja por depresión, que sí ha admitido el INSS, pero que solo es vigente hasta el 14 diciembre. «Después tengo dos opciones: que me digan que tengo que volver a trabajar y que no me puedan reubicar, porque no hay puestos adaptados para mi y, por tanto, me echen a la calle. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y la otra opción es que me prorroguen la baja seis meses más», cuenta. «El Salud me ha hecho unos informes geniales, todo esto es culpa del INSS», sentencia.