Su creación costó 20 años por el escaso interés de los grupos mayoritarios en crear un órgano fiscalizador propio. Y cuando se ha constituido y se ha puesto a controlar y auditar con escasos recursos, la Cámara de Cuentas se ha convertido en arma arrojadiza entre los principales partidos e incluso por instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza o el Gobierno de Aragón. Los informes previos se filtran, y se utilizan de forma interesada por PP y PSOE en función de cómo salga parada la gestión de las cuentas que rigen. Al final este órgano fiscalizador queda al pie de los caballos, con su prestigio puesto en duda y la labor de sus profesionales en cuestión.
La enésima polémica en torno a un informe preliminar filtrado enfrenta al Gobierno de Aragón y la Cámara de Cuentas. Antes lo fue por un informe preliminar sobre el Ayuntamiento de Zaragoza. El presidente del órgano fiscalizador, Antonio Laguarta, ofreció ayer una rueda de prensa en el parlamento para presentar el programa de control para este año. Dedicó 25 minutos de su intervención a defender la institución a la que representa, consciente de que todo lo que dice se mira con lupa. Dejó claro que en los informes no emiten juicios de valor, ni expresan opiniones políticas, que es una de las principales ocasiones que han recibido del Ejecutivo estos días. "Damos una opinión técnica. Decimos lo que vemos y no tenemos ningún interés partidista", dijo.
CONCLUSIÓN DEFINITIVA
Laguarta aclaró que todavía no han emitido ningún informe sobre los ejercicios del 2012 y el 2013 de la gestión del Gobierno, que lo publicado no es definitivo y que la Cámara de Cuentas solo se expresa en sus dictámenes definitivos, no antes. En el preliminar que se ha conocido estos días se pone en duda la gestión del Plan Impulso, la utilización del fondo de contingencia o el exceso de avales. El Ejecutivo presentó sus alegaciones el lunes y ayer en el consejo de Gobierno, tanto el portavoz, Roberto Bermúdez de Castro, como el consejero de Hacienda, Javier Campoy; salieron a la defensiva y en más de una ocasión no escatimaron reproches al proceder de la institución fiscalizadora. Esta debería contestar a las alegaciones antes del 31 de enero, pero el plazo se alargará como máximo quince días más, según admitió ayer su presidente.
OPINIONES POLÍTICAS
El máximo responsable de la Cámara de Cuentas intentó obviar las polémicas con la DGA, pero apenas pudo evitarlo. "Al Gobierno no le contesto nada. Nosotros hablamos en los informes definitivos; no contestamos a políticos. He revisado el documento preliminar remitido al Ejectivo y no veo ningún juicio político. Pero nosotros no entramos en el pim pam pum", dijo en alusión a las críticas y presiones procedentes del Pignatelli, que continuaron ayer, pocos minutos después de que compareciera Laguarta públicamente en las Cortes. El presidente de la Cámara admitió, eso sí, que en los informes preliminares pueden cometer errores y que algunas veces cambian sus conclusiones porque las instituciones aportan documentación que antes no habían presentado, o porque las alegaciones convencen a la Cámara. "Nos podemos equivocar, pero en el informe definitivo no hay nada de lo que no estemos seguros al 100%", remarcó Laguarta.
Por su parte, el Ejecutivo autonómico defendió su gestión "rigurosa y dentro de los procedimientos legales" al respecto de las cuentas públicas. Lo hizo el portavoz Bermúdez de Castro tras anunciar que había presentado alegaciones al informe preliminar, y criticó con dureza que se filtrara a un medio de comunicación porque desde ese momento "se ha sido juzgado y sentenciado". Esta filtración ha servido para que el PSOE arremetiera duramente contra el PP, al igual que hizo este partido contra el PSOE tras filtrarse también el informe sobre el Ayuntamiento de Zaragoza. Ambos partidos han tenido la misma actitud: de dura crítica cuando las conclusiones eran críticas con la gestión de su adversario y de cuestionar los procedimientos cuando les afectaba.
Ayer no fue una excepción, y Bermúdez de Castro indicó que "confía en el rigor" de la Cámara de cuentas para que tenga en cuenta sus alegaciones. Insistió en que ha emitido "juicios de valor" y ha cuestionado "decisiones políticas", en lugar de "velar por la seguridad económica y eficiencia del gasto". Al portavoz le parece un "poco fuerte" que se advirtiera de las modificaciones presupuestarias del Fondo de Contingencia, cuando se trata de créditos para atender asuntos imprevisibles, como unas inundaciones en Benasque, los lodos en el vertedero de Bailín o el aval del Real Zaragoza. "Son cosas que la Cámara de Cuentas debería saber que no se podían prever", indicó. Respecto al Plan Impulso, muy cuestionado por ejecutarse solo al 60% y destinar el resto a gasto corriente, tanto el portavoz como Javier Campoy defendieron que era una parte del presupuesto y aludieron a esos supuestos 4.000 empleos directos y 11.000 indirectos que generaron. Ensalzaron el aparente beneficio de este plan, y criticaron las reservas de la cámara.
Mientras, Laguarta también anunció --y denunció sus escasos medios-- nuevos informes fiscalizadores para el 2015 (entre ellos la DPH, el CASAR y el Ayuntamiento de Teruel), así como la presentación inminente del informe sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, que también fue y será objeto de polémica política.
