El borrador de la propuesta para poner en marcha la Oficina Antifraude que está diseñando el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ya está en revisión antes de aprobarse. Así lo explicó ayer el concejal de Economía, Fernando Rivarés, a pregunta de C’s.
Según informó el concejal, se está adaptando la propuesta para evitar que suceda lo mismo que en Madrid, donde la Delegación del Gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) al considera que el reglamento y designación de director podría vulnerar diez artículos de seis leyes, así como otros cinco de la Constitución Española.
En este caso, y según la delegación, «estaríamos ante un órgano que duplicaría las funciones de los órganos de control legalmente previstos y que además invadiría el ámbito competencial de éstos».
Rivarés indicó durante la comisión de su área que se han puesto en contacto con el ayuntamiento madrileño para que les informe sobre «cómo se ha producido el bloqueo del Gobierno central» y así poder reformular su propuesta para que la Abogacía del Estado no trate de impedir su puesta en marcha también en la capital aragonesa utilizando los mismos argumentos.
En el caso de Madrid, también se alegaba que la oficina podría invadir la competencia de los órganos encargados de investigar una responsabilidad penal, como los jueces, los fiscales o la policía judicial.
El concejal aseguró que mantienen su idea de abrirla y evitar los casos de corrupción ya que está incluido en su programa electoral y tienen intención de cumplir con su compromiso.
Además, recordó que tanto PSOE como CHA también están a favor de su creación y puesta en marcha lo antes posible. El objetivo de esta oficina no es otro que evitar que se lleven a cabo prácticas corruptas en el consistorio zaragozano.
