La polémica sobre la modificación que ha hecho la Seguridad Social de los contratos de investigadores predoctorales, que pasan ahora de ser de obra a prácticas, afectaría a 43 personas en la Universidad de Zaragoza. De ellas, 17 reciben ayudas para la formación de personal universitario del Ministerio de Educación, mientras que las 26 restantes son personal investigador con ayudas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Según precisó ayer a este diario Ángel Luis de Val, director de Secretariado de Plantilla Investigadora y Convenios del campus público, estos datos se corresponden a fecha 31 de enero y, por lo tanto, son contratos en vigor, ya que la duración de los predoctorales son cuatro años. «En su mayoría son personas dedicadas al ámbito científico-técnico, pero también podría haber en humanidades o sociales», detalló.

Así, los contratos por obra y servicio (código 401) pasan a ser en prácticas (código 420), lo que precariza la situación de estos licenciados que están haciendo la tesis y trabajan para la universidad. La principal consecuencia serían no tener indemnización al término de la vinculación laboral, ya que el de obra y servicio tiene una indemnización de 12 días, mientras que el de prácticas no cuenta con ninguna. Tampoco tendrían derecho a tarjeta sanitaria europea «pese a haber trabajado durante cuatro años», dijo De Val.

«La única comunicación que hemos tenido en la Universidad de Zaragoza a este respecto ha sido la publicada en el boletín de la Seguridad Social, a través de su plataforma electrónica, en el 2016. No tenemos ninguna otra constancia», argumentó el director de secretaria del campus.

En la base de este lío administrativo están los tipos de contratos establecidos por la Ley de la Ciencia del 2011, que permitió que los investigadores dejaran de ser becarios. «Todo se solucionaría si se creara un código específico nuevo para este tipo de predoctorales. Es decir, que las nomenclaturas 401 y 420 están en la propia ley y ya requieren unas condiciones, por lo tanto si se hiciera un código nuevo de naturaleza formativa no se daría esta situación», comentó De Val.

El Ministerio de Empleo aseguró esta semana que la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo acordaron a finales del 2015 hacer este cambio de denominación, que «no tiene consecuencias laborales, dijeron. «La cotización es verdad que es la misma, sea 401 o 420, pero se perjudicaría en indemnización y tarjeta sanitaria», insistió De Val.