Cáritas Zaragoza ha solicitado al Gobierno de Aragón que revise la cuantía mínima que estable el proyecto de ley de Renta Social Básica, actualmente en tramitación parlamentaria, porque considera que los 271 euros establecidos --la cantidad inicial fue de 186-- no permiten cubrir las necesidades básicas de las personas. "Es una cifra irrisoria que no da respuesta a lo más esencial, que es comer, vestirse y tener una vivienda", dijo ayer la secretaria general de la organización, Cristina García.

Tras analizar la propuesta, Cáritas Zaragoza considera que la iniciativa de la DGA tiene "deficiencias" y ya ha presentado, junto a otras entidades sociales, alegaciones a la renta social para mejorar la asistencia económica a las personas afectadas. En concreto, la organización expone que sigue habiendo personas que se quedan fuera de la cobertura de atención, como por ejemplo los mayores de 65 años que no tienen acceso a una pensión no contributiva. "Se genera una laguna y están desprotegidos. Tenemos dudas de cómo sería su proceso de inclusión", añadió García.

GARANTÍA DE CRÉDITO También apuntan que la respuesta a las necesidades de pobreza infantil severa "no se cubre" con los requisitos que expone la ley presentada por la DGA y por ellos solicita que no se derogue la Ayuda de Integración Familiar. Esta convocatoria desaparecerá, al igual que el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), una vez que los últimos beneficiarios de las mismas cumplan sus plazos de cobro.

"Somos partidarios de un modelo de renta básica y nos alegra saber que se está tramitando, pero creemos que se debería responder a un doble derecho: mejorar la prestación económica y regular la inclusión, sin que esta esté vinculada a una cuestión de dinero. Hay partes que están indefinidas", precisó la secretaria general de la organización.

Por otro lado, el director de Cáritas Zaragoza, Javier Sanaú, recalcó que esta futura ley "debería contar con créditos globales suficientes" para abordar todas las cuestiones que se deban pagar. "Así se garantizaría un respaldo constante siempre en los presupuestos de la comunidad", dijo, al tiempo que se mostró partidario de que este tipo de ayudas se aprueben a nivel nacional para evitar agravios entre unas comunidades autónomas.

La previsión del Gobierno de Aragón es que antes de final de año la ley esté aprobada y aplicada. Los beneficiarios de esta ley, que tiene dos modalidades (la complementaria para personas con trabajo y la de inclusión para gente sin ingresos), serán entre 13.000 y 14.000 personas que vivan en Aragón.

El gasto previsto por la DGA para este concepto en el 2106 es de 37 millones. Esa cantidad no se refiere únicamente a la renta básica, sino que engloba los pagos de este año del IAI y de las Ayudas de Integración Familiar.