Severo correctivo de la Cámara de Cuentas al Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR). Pocas veces ha emitido el órgano auditor un informe tan contundente. Las irregularidades inundan todos los ámbitos de la gestión. De la fiscalización de los ejercicios del 2012 y del 2013 se extrae que en ambos se acumularon 15,57 millones de euros en facturas en los cajones; que hubo pérdidas de 3,41 y 3,94 millones en ambas anualidades; que el periodo de pago a acreedores era de 499 días en gasto corriente y de 744 en inversión; que se ejecutó mal el Plan Impulso, o que la adhesión al plan de pago a proveedores no cumplió con los requisitos administrativos.

La Cámara de Cuentas emitió ayer un nuevo informe, este referido a los siete consorcios, que en mayor o menor medida dependen del Gobierno de Aragón. El que peor parado sale, de largo, es el CASAR. Este organismo es el único de los analizados que acumula "facturas pendientes de aplicar a presupuesto de varios ejercicios". De los 10,09 millones que quedaron en la cuenta 409 --en la que se acumulan las deudas sin presupuestar-- en el 2012, solo 2,25 millones pudieron pagarse en el 2013. En septiembre del 2014, cuando se analizó el consorcio, el saldo neto de impagos "ha seguido incrementando hasta alcanzar los 15,57 millones de euros", dicen los auditorios. Lo que supone "aproximadamente el 80% de los ingresos presupuestarios totales de un ejercicio económico".

El informe califica de "especialmente significativas" las pérdidas del CASAR, que rondan los 4 millones de euros por ejercicio desde el 2011. Este "desequilibrio" evidencia, según la Cámara de Cuentas la "deficiente y manifiestamente insuficiente" presupuestación y la gestión económico-financiera de este consorcio, que en los últimos ejercicios ha conducido "a la obtención de fondos negativos como consecuencia de pérdidas acumuladas". Advierte el órgano fiscalizador que a día de hoy todavía no se ha producido la extinción del CASAR --se integra en el Salud--, "lo que sitúa a esta entidad en una situación de incertidumbre" en cuanto "a la continuidad y legalidad de su actividad".

PUNIBLE

En la fiscalización se advierte "a los responsables del consorcio que puede constituir infracción muy grave comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente, llevando aparejada como sanción, la obligación de restituir las cantidades satisfechas indebidamente o de indemnizar a la Hacienda Pública".

Facturas en los cajones, pérdidas acumuladas y todo ello repercute en el periodo en el que el consorcio salda sus deudas con los acreedores. En el 2013 la demora era de 499 días gasto corriente y de 744 en inversión, por lo que el CASAR infringe en este punto la legalidad vigente. Los datos fueron mejores en el 2012 cuando se atendió a los pagos pendiente en 233 y 464 días en gasto corriente e inversión.

No fue por la buena gestión, sino porque el CASAR, a través del Gobierno de Aragón se sumó al plan de pago a proveedores habilitado por el Ministerio de Hacienda. A través de este mecanismo se pagaron 5,34 millones en el 2012 --de los 3,47 eran facturas pendientes de la cuenta 409-- y 0,13 en el 2013. En la operación, el consorcio logró cancelar obligaciones con acreedores por estos importes, pero nació una deuda a corto plazo con el Ejecutivo, que es quien la asumió. Este hecho se contabiliza de forma extrapresupuestaria, lo que para la cámara es incorrecto, pues debió reflejarse en el capítulo 9 del consorcio. El informe añade que las relaciones financieras contabilizadas entre la DGA y el CASAR "no están soportadas y documentadas en ningún acto o acuerdo".