Las defensas de los tres procesados por el caso karts de Plaza agotaron ayer su último cartucho para impedir que el asunto llegue a juicio. O al menos, para que no sea un jurado popular quien decida sobre él. Las defensas del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril; el exconsejero delegado Carlos Escó y el propietario del kartódromo, Santiago Becerril, afirmaron que los delitos o no son tales, o han prescrito.

La voz cantante ante la magistrada Esperanza de Pedro --que presidiría el hipotético tribunal del jurado-- la llevó el letrado de García Becerril, José María Gimeno del Busto. No en vano fue él quien planteó el recurso que motivó esta vista, cuando el juez instructor dio la investigación por cerrada.

Según concluyó el juez, el exgerente y el exconsejero delegado se las ingeniaron para que el consejo de Plaza pagase 6,3 millones por unos terrenos tasados en poco más de 2. Tras lo que el dueño del terreno les pagó una mordida de 600.000 euros.

Gimeno del Busto planteó tres posibles causas para tumbar la causa. En primer lugar, que los posibles delito son similares a otros que se juzgan en la causa principal, el caso saqueo (por los presuntos sobrecostes de 150 millones en la urbanización de Plaza, entre otros asuntos), con lo que se podría acumular a esta.

En segundo término, que el jurado popular, que sí podría juzgar los delitos principales --malversación y cohecho (soborno)--, no es competente para los que les atribuyen como alternativa (estafa, apropiación indebida y administración desleal). Y en tercero, que la mayoría de ellos habría prescrito, al haber pasado más de diez años. En eso abundó el defensor de Santiago Becerril, Valentín Romero.

El letrado de Escó, Juan Monclús, incidió además en que, pese a lo que dijo la sentencia del caso pagarés --les impusieron 4 años de cárcel por pagar 8 millones indebidamente a Agapito Iglesias--, el dinero de Plaza no es público (Ibercaja es accionista), y por tanto no hay malversación.

Las acusaciones (Fiscalía, DGA y Plaza) se opusieron a las alegaciones, entre otras cosas porque creen que los delitos no han prescrito porque empezarían a contar desde que se pagó la última parte de la comisión. Ahora será la jueza quien decida.