El consejero catalán de Salud, Boi Ruiz, insiste en pasar factura por la atención sanitaria prestada a los ciudadanos aragoneses de la Franja, a pesar de que esta asistencia se rige por un convenio bilateral que impide cualquier tipo de cobro. No es la primera vez que Cataluña enarbola este discurso, que ahora retoma en un contexto de crisis económica y tras convertirse en la comunidad donde se han aplicado los recortes más drásticos en materia sanitaria. De hecho, la Generalitat cuantifica en 50 millones de euros el coste de la asistencia que presta a ciudadanos de otras comunidades y, sin especificar cifra exacta, asegura que en su mayoría se corresponden a los pacientes de la Franja.
Ya el pasado jueves, Ruiz, durante un curso en la inauguración de la Universidad Catalana de Verano de Prada de Conflent, planteó que se debería poder facturar entre comunidades e indicó que tiene "la palabra" de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, de que estudiará esta propuesta.
Según las declaraciones recogidas por el diario La Manyana, el titular catalán de Salud explicó que, hasta ahora, el fondo de garantía del Estado se hace cargo de la atención de los pacientes de otras comunidades que llegan con volantes para ser tratadas de patologías que no se ofertan en su zona de atención. Sin embargo, la propuesta de la Generalitat es que este sistema se pueda trasladar a todos los pacientes, de manera que sería preciso poder facturar entre comunidades. A pesar de estas declaraciones, Ruiz matizó que el sistema sanitario catalán continuará atendiendo "a todos los pacientes".
REVISIÓN De este modo, Cataluña pedirá al Consejo Interterritorial de Salud la revisión de los criterios que rigen el fondo de cohesión, ya que actualmente este solo se hace cargo de la asistencia de las patologías para las que no hay tratamiento en la zona de origen, no por todos los servicios sanitarios prestados. En el caso de que su propuesta llegase a buen puerto, Cataluña facturaría la asistencia a los aragoneses de la Franja y Aragón a los catalanes que atiende. Las cifras, sin embargo, serían muy distintas, ya que se calcula que alrededor de 50.000 aragoneses son atendidos cada año en el hospital Arnau de Vilanova, en Lérida. El número de pacientes catalanes atendido en Aragón es, sin embargo, infinitamente menor --nunca han trascendido cifras oficiales--.
La Generalitat ya ha reclamado al Gobierno, en diferentes conceptos sanitarios, 151,2 millones de euros. De estos, 54,9 responden al gasto generado por pacientes españoles no residentes en Cataluña. Y la mayoría de ellos, según han apuntado fuentes del Departamento catalán de Salud, se corresponden a los pacientes aragoneses de la Franja, aunque también a los nuevos empadronamientos, el denominado turismo sanitario.
Una cifra bastante más elevada que los 10,5 millones de euros que la Consejería catalana de Salud cuantificó en su último informe sobre el coste de la asistencia a la Franja.
