Las Comunidades Autónomas que tienen competencias en materia de justicia ven clave la formación para que la mediación avance como medida alternativa al juicio y así lo han confirmado en un encuentro celebrado en Zaragoza para establecer una línea de trabajo futura.
Estas Comunidades Autónomas han presentado una breve exposición de la implantación de la mediación en sus respectivos territorios, en la tercera reunión de las Comisiones de Seguimiento de los convenios marco de mediación.
A este encuentro, que se ha celebrado en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, han acudido los directores generales de Justicia de las Comunidades Autónomas que firmaron los correspondientes convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio del ramo.
La directora de Justicia de Interior del Gobierno de Aragón, Ángeles Júlvez, ha incidido en que estas reuniones de coordinación son "imprescindibles" para avanzar en la implantación de la mediación como sistema alternativo al juicio en todos los ámbitos, una opción que tiene una importante implantación en varios países europeos, ha dicho.
En esta comisión de seguimiento, las Comunidades Autónomas han acordado para 2018 trazar un plan estratégico común para asegurar que quienes forman parte de la Administración de Justicia -jueces, letrados y cuerpos de funcionarios- reciban la debida formación, para que informen a los ciudadanos de esta resolución de conflictos alternativa.
Asimismo, han insistido en la necesidad de que las derivaciones y resultados de la mediación consten en las estadísticas judiciales y que los datos elaborados por el CGPJ figuren en las fichas que se anexionan a los convenios.
Y han propuesto la realización de encuestas de satisfacción de la ciudadanía como aspecto fundamental para el análisis de la calidad de la mediación.
Después de este encuentro, esta tarde se ha inaugurado el I Congreso Internacional de Mediación Intrajudicial, que reunirá hasta el viernes a expertos para hablar de la tutela judicial efectiva entendida como la justicia del siglo XXI.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha afirmado una vez más que el Ejecutivo elaborará una Ley de Mediación en la Comunidad en 2018, en cuyo texto está trabajando un equipo de la Universidad de Zaragoza.
A este respecto, ha confiado contar con el entendimiento y la participación de la sociedad civil, ya que no hay ningún sector que se libre del conflicto, para que este proyecto de ley sea "completo".
"No será una buena ley sino encajamos con paciencia y con contraste los intereses y las experiencias de todos los que intervienen en el complicado proceso", ha precisado.
Para Guillén la mediación descarga el trabajo jurisdiccional y da respuesta a una ciudadanía que busca una justicia "más rápida y eficiente".
El Estatuto de Autonomía de Aragón, que este año cumple diez años desde su aprobación, aporta las competencias y capacidades para desarrollar medidas alternativas a los litigios judiciales, ha comentado.
En este contexto, el Ejecutivo Autonómico ha firmado convenios con organizaciones para divulgar entre la ciudadanía esta práctica de resolución de conflictos.
"Hemos sido los primeros en incorporar la mediación en la justicia gratuita como un procedimiento más", ha dicho.
Por último, ha apuntado que queda pendiente alcanzar una "efectiva implantación" de la mediación, mediante un servicio público de calidad como hace la dirección general de Familia o de Vivienda o a través de las asociaciones que atesoran ese bagaje.
"Ambos sistemas son compatibles y deben complementarse", ha subrayado.
