La Comisión Europea (CE) ha pedido a las autoridades españolas "aclarar con urgencia" las medidas tomadas en el ámbito nacional para hacer frente y detener el fraude del atún adulterado que ha provocado un centenar de intoxicaciones, según indicaron hoy a Efe fuentes comunitarias.
Bruselas subrayó que el atún afectado iba destinado a la industria conservera y recibió un tratamiento que modificó su color para darle un aspecto más fresco y venderlo a un precio más elevado.
Las fuentes comunitarias aseguraron que se trata de una práctica fraudulenta que "engaña" al consumidor y puede conducir a casos serios de intoxicación alimentaria.
Según informó la Guardia Civil la semana pasada, las intoxicaciones han afectado a Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Madrid y País Vasco, pero también a Alemania, Francia, Italia y Portugal.
Ese mismo cuerpo ha investigado a siete personas como presuntos responsables de la intoxicación alimentaria por histamina de 105 personas tras consumir atún procedente de una empresa del Levante de Almería.
El Instituto Armado les imputa un delito contra la salud pública con productos alimenticios, otro de falsedad documental y un delito relativo a los consumidores,
Tanto la Comisión Europea como España llevaron a cabo una misión conjunta para investigar el caso en la cual confirmaron "más allá de cualquier duda" que se estaban produciendo las prácticas ilegales y las autoridades españolas trasladaron un "fuerte compromiso" de que se tomarían las medidas necesarias para poner fin a esas prácticas.
Además, Bruselas activó la Red de la Unión Europea contra el Fraude Alimentario para garantizar el intercambio rápido de información entre las autoridades de los Estados miembros.
De hecho, las fuentes comunitarias precisaron que la CE se implicó "de forma activa" con los países "relevantes", sobre todo, con España, para obtener datos adicionales sobre el caso y su "potencial magnitud".
Asimismo, estableció canales de cooperación con la industria de la UE, proporcionó información a las "partes interesadas pertinentes" y organizó una formación específica dirigida a los Estados miembros encargados de los controles oficiales.
Según las fuentes, el Ejecutivo comunitario pretende llevar a cabo auditorías en países de la Unión durante 2018.
En cuanto a la investigación de la Guardia Civil, se inició el pasado mayo tras la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Fue la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la que dio la voz de alarma cuando averiguó que eran dos los lotes implicados de un mismo proveedor en la intoxicación y que fueron retirados del mercado por las autoridades sanitarias autonómicas.
La Guardia Civil inspeccionó las instalaciones de la empresa investigada y constató que en realidad eran hasta seis los lotes de varios proveedores implicados en la contaminación alimentaria.
