El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, aseguró ayer en las Cortes que no puede convocar las 1.400 plazas de empleo público que el anterior consejero, el popular Ricardo Oliván, pactó con los sindicatos porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se lo ha permitido. Y, además, sostiene que los sindicatos sabían que no se iban a convocar.

De hecho, en respuesta a un petición de comparecencia sobre la planificación del Departamento de Sanidad formulada por la diputada del PP Carmen Susín, el consejero solicitó que todos los grupos, incluido el popular, pidan «a Madrid» que deje convocar estas plazas y que no recurra la Oferta de Empleo Público (OEP) que las incluya, como ha hecho en otras comunidades autónomas, según expuso el titular del departamento.

Así, en la última OEP, criticada duramente por los sindicatos, se convocaron «estrictamente» las incluidas en el plan de reposición, y no las 1.400 de nueva creación pactadas por el anterior gobierno con los sindicatos. Y eso que reconoció que estas 1.400 plazas serían «la base» de un plan de recursos humanos sostenibles.

Celaya, ante las críticas de Susín, quien le reprochó que lleve catorce meses diciendo que las cosas «se van a hacer o se están haciendo» mientras tiene el servicio de Salud, «abierto de arriba abajo», aseguró que son las comunidades las que están pagando «amargamente» las decisiones tomadas por el Gobierno central que, por otro lado, tiene «intervenida» de facto a la comunidad.

Pero Susín ha enumerado que Celaya «no sabe» cómo atajar las listas de espera, no ha presentado el plan de salud, no encuentra médicos que quieran ir al medio rural o a hospitales pequeños y «ha perdido la capacidad de interlocución con los sindicatos», entre otras cosas, según la diputada, por haber incumplido el compromiso del anterior consejero, que he ha hecho perder «toda su capacidad de interlocución».

Precisamente, los representantes de los trabajadores han iniciado ya una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Uno de ellos, el PP, estaría preparando una proposición no de ley sobre la convocatoria fallida.

En este sentido, el presidente aragonés, Javier Lambán, todavía no habría respondido a la solicitud de encuentro solicitada por los sindicatos, que le han dado hasta el día 15 para contestar a su requerimiento. En caso contrario, los colectivos amenazan con una huelga.

Ayer, Susín acusó a Celaya de agravar todos los problemas por falta de gestión a pesar de que intente derivar las responsabilidades en el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o en el consejero del área, Fernando Gimeno.

También Susana Gaspar, de Ciudadanos, y Berta Zapater, del PAR, le pidieron que exprese «menos planes» y ejecute «más» e Itxaso Cabrera (Podemos) le reprochó su «inoperancia».