La propuesta de ampliar el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros anunciada por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat y rápidamente rectificada, no ha sentado nada bien entre los representantes políticos aragoneses. Ni como posible globo sonda ni como medida a tener en cuenta en un futuro.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, se mostró «totalmente en contra de hacer pagar más a los jubilados» y recordó que el Ejecutivo aragonés defiende derogar cualquier tipo de copago «y volver a un sistema sanitario donde los impuestos sean los que financien la tarjeta sanitaria». Fuentes del departamento señalaron que una medida de este tipo afectaría a más de 87.000 aragoneses que perciben rentas anuales de entre 18.000 y 100.000 euros. También a los 1.200 que tienen unos ingresos superiores a esa franja. Por contra, los casi 249.000 pensionista que están por debajo de estas cifras hubieran quedado a salvo de la medida.
El portavoz socialista Javier Sada, insistió en la línea marcada por la DGA y señaló que este tipo de planteamientos suponen «una barrera de acceso a los medicamentos que pone en riesgo la salud de las personas». El diputado exigió también que se recupere un modelo de sanidad «universal, pública, de calidad y de acceso gratuito tal y como contemplaba la legislación española antes de que gobernara Mariano Rajoy».
En contra
En la misma línea crítica se mostró la portavoz en asuntos sanitarios de Podemos en las Cortes de Aragón, Itxaso Cabrera. «Las políticas del PP van en contra de las personas que más sufren, que más necesitan el apoyo de quienes están en las instituciones», aseguró. Según Cabrera, el modelo popular no piensa «en los intereses de la gente». «No puede ser que la enfermedad sea utilizada para aumentar la recaudación mientras hemos visto reducirse el gasto público sanitario un 20% desde el inicio de la crisis», lamentó.
La diputada de Izquierda Unida, Patricia Luquin, insistió en la necesidad de revisar las relaciones del poder con la industria farmacéutica y denunció la «frivolidad» de la ministra por haber amagado con una medida de este tipo que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. «No se puede permitir esta falta de rigor», aseguró. En términos similares se posicionó la diputada de CHA Carmen Martínez. «Los problemas serios no tienen soluciones fáciles, y reducir el gasto farmacéutico no pasa porque los ciudadanos abonen más», dijo.
En el lado derecho del arco parlamentario la sugerencia ministerial tampoco recabó ningún tipo de adhesión. «Si el PP quiere tomar este tipo de medidas deberá buscar otros apoyos», indicó la portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar. Además, recordó que esta medida no figura entre los acuerdos de investidura con el PP.
La diputada del PAR Rosa Santos señaló que la medida «no está bien definida» y aseguró que la formación se opondrá a cualquier reforma que perjudique «a la mayoría social». «Está claro que no tienen un estudio serio detrás», precisó.
