El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, pidió el pasado 1 de marzo, en la reunión que mantuvo en Zaragoza con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, el reconocimiento de indemnizaciones para los afectados por la talidomida, el fármaco que provocó malformaciones en recién nacidos en los años 60. Celaya también solicitó a Monserrat la promoción de un protocolo que establezca la relación causa-efecto de la enfermedad y la actualización del registro de aquejados. Así se desprende de una respuesta de Celaya en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA).
En la comunidad, según los datos que maneja la Asociación de Víctimas de Talidomida de España, en Aragón hay 29 víctimas (16 hombres y 13 mujeres), pero solo hay reconocidas cinco o seis. Los afectados de España se unieron y exigieron, ante la Justicia, indemnizaciones al laboratorio alemán Grünenthal. Sin embargo, en el 2014 la Audiencia Nacional de Madrid tumbó sus esperanzas y denegó su petición.
Por otro lado y, según recoge el documento del BOCA, el Departamento de Sanidad, en aquella reunión, también «puso encima de la mesa asuntos de especial trascendencia» para Sanidad como la convocatoria del Consejo Interterritorial: la derogación del Real Decreto de prescripción enfermera; un plan Estratégico de Salud Mental o cuidados paliativos pediátricos.
