Por fin, tras dos años de demora y varios compromisos incumplidos, el Departamento de Sanidad anunció ayer que el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) pasará a integrarse en el Salud a partir del 1 de enero del 2015. Así se lo transmitieron ayer representantes del Departamento de Sanidad en una reunión con la junta Rectora del consorcio y los representantes de los trabajadores de los cuatro centros --Jaca, Ejea, Tarazona y Fraga--. "La asistencia sanitaria, la cartera de servicios y los trabajadores van a seguir siendo los mismos, pero ahora bajo el paraguas del Salud. Lo único que va a notar el paciente es el cambio de bata del profesional", aseguraron ayer fuentes de la Administración.
Se abre ahora un plazo de alegaciones para que pueda llevarse el proceso a las Cortes de Aragón para su aprobación el 18 de diciembre.
LA TARDANZA
La dilación se ha debido, principalmente, a las dificultades para la integración de los trabajadores del consorcio en el Salud, en el que existen hasta 12 modalidades de contrato laboral diferentes. Muchos de ellos, a pesar de estar bajo la misma denominación, tuvieron distinto procedimiento de publicación del puesto de trabajo y de acceso a la prueba selectiva, que, según Sanidad, pudo condicionar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Asimismo, algunos de los trabajadores se acogieron mediante un decreto del 12 de febrero del 2007, a la normativa que rige en el Salud, manteniendo la dependencia jurídica, administrativa y organizativa de la gerencia de este consorcio. Otro colectivo, sin embargo, pasó del antiguo centro sociosanitario de Fraga a depender del consorcio pero manteniendo su vínculo administrativo y legislativo con el hospital de Barbastro. "Estas son las circunstancias que han motivado numerosas reuniones con agentes sociales, representantes de los trabajadores y personal de la Administración con objeto de hacer una integración en el aspecto laboral, justa para los trabajadores y a todas luces dentro de la legalidad", explicaron fuentes del departamento.
Los médicos pasarán a integrarse en los servicios correspondientes a su especialidad del hospital de referencia --Barbastro, Huesca, y hospital Clínico de Zaragoza--, que serán los que, a partir de ahora, gestionarán los centros. Así, los trabajadores seguirán siendo indefinidos, fijos o eventuales con la condición de que no podrán participar en procesos de movilidad y su plaza, cuando quede vacante por algún motivo, pasará a ser ocupada por personal estatutario del Salud.
Sin embargo, algunos sindicatos recelan de las posibles consecuencias de la integración en el personal eventual del Salud. De hecho, CCOO pedirá hoy al consejero, Ricardo Oliván, que no se amorticen puestos de trabajo en el Salud. "La creación del CASAR no nos pareció una buena fórmula y el tiempo nos ha dado la razón. Ahora pedimos que tenga seguridad jurídica y que no afecte al personal de acumulación de tareas del Salud", exigió el secretario general Juan Urdániz.
Por su parte, CSIF consideró que la integración es "aceptable en conjunto", aunque advirtió que "supone un agravio para la plantilla del hospital de Jaca, cuyas plazas saldrán a oferta pública de empleo a diferencia del resto de la plantilla", indicó Evangelino Navarro, presidente del sector de Sanidad.
En ese sentido, CSIF recordó que el personal fijo de Jaca "posee unas características especiales, ya que unos trabajadores formaban parte de la plantilla del ayuntamiento y otros obtuvieron la plaza cuando el hospital era un consorcio formado al 95% por el Insalud y al 5% por el ayuntamiento, existiendo un acuerdo político para dejar participar en procesos de traslados".
El CASAR
se creó, entre otras cosas, para "acercar la asistencia especializada a núcleos de población en torno a 30.000 habitantes y que tuvieran su hospital de referencia a más de 30 minutos; ya existen y dan asistencia a unos 120.000 aragoneses; pero en Aragón ya no hay núcleos de población para la creación de nuevos centros con estas características", apuntan desde el Salud, que, ahora, deberá asumir una deuda del consorcio cercana a los 20 millones de euros.
