El fugaz regreso del responsable de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha encendido los ánimos y el debate sobre la municipalización. Después de anunciar el Gobierno municipal que el servicio de atención telefónica 010 pasará a ser gestionado directamente por el consistorio a partir del 1 de marzo, ayer en la resaca de la decisión se abrieron dos frentes a la vez. Uno con la CEOE Zaragoza, la patronal empresarial, que amenazó con llevar este tema a los tribunales. Y otro, en lo político, con el PP y el PSOE acusando a Zaragoza en Común (ZeC) de usar esta táctica «para colocar a sus amigos por la puerta de atrás».
Una coincidencia que no se le escapó al propio Cubero, quien mostraba su «sorpresa» por la extraña preocupación de la patronal empresarial zaragozana por el hecho de que las 14 trabajadoras del 010 vayan a ser subrogadas como personal laboral indefinido no fijo sin pasar una oposición previa «cuando su presidente Juan Rosell siempre ha manifestado que los funcionarios son vagos que gastan papel y teléfono, y que debería desaparecer lo público». Pero también que su argumentario coincida con el del PP municipal y, sobre todo, con el PSOE, con el que la fractura vuelve a ser absoluta, y a pocos días de aprobar definitivamente el presupuesto.
FUEGO CRUZADO
La CEOE abrió la caja de pandora de la mano de un comunicado en el que mostraba su «rechazo» a una decisión que consideró decisión «equivocada, que obedece a criterios ideológicos y no de eficiencia y sostenibilidad, además de no contar con los informes legales ni con la mayoría del pleno necesarios para tomar una decisión de estas características». No es la primera vez que la patronal entra en el debate político municipal --ya lo hizo con las ordenanzas fiscales o con el plan especial para permitir la instalación del outlet de Pikolín--, pero la novedad es su amenaza de llevar a los tribunales este asunto. O, como dijo, literalmente, que «estudiará la interposición de medidas legales contra la decisión».
En su escrito alude la CEOE a la «preocupante política de hostigamiento» de ZeC hacia las contratas, así como que se abra la puerta a futuros procesos similares en servicios «mucho más relevantes» y hacerlo «sin tener como referente la calidad de servicio que reciban los ciudadanos y sus costes y sostenibilidad a medio y largo plazo para las arcas municipales». Y haciendo hincapié en que es «muy dudoso» que se pueda subrogar así a las 14 trabajadoras, «sin superar las oportunas oposiciones o concursos públicos, generando falsas expectativas» entre el personal de las contratas, dejando «desprotegidas» a las personas que intentan ganar una plaza estudiando.
Miel sobre hojuelas para un Cubero que no tardó en responder. Retó a la patronal a ir al juzgado: «Lo defenderemos en los tribunales si es necesario ya que el acuerdo es socialmente justo y técnicamente correcto», declaró, apostillando que «para privatizar servicios todo eran alfombras rojas, pero cuando un gobierno intenta devolverlo a lo público todo son impedimentos desde sectores con mucho poder». «Es lógico que los poderes económicos defiendan sus privilegios, y quieran continuar esquilmando lo público a través de subcontrataciones de servicios, adjudicadas en ocasiones de manera fraudulenta y en las que precarizan las condiciones laborales y prestan servicio de baja calidad», añadió.
El alcalde Pedro Santisteve, horas antes, también fue tajante: «Insisto en que se ha cumplido con el principio de legalidad, esto no es ningún decretazo», manifestó. En su opinión, cumple con su objetivo de responder «con justicia y equidad» a las demandas de las trabajadoras, y con dejar el rescate y la subrogación al margen del debate presupuestario, «pero nunca dijimos que la íbamos a abandonar».
Respecto a la amenaza de la CEOE, le resta dramatismo. «No creo que acabe en los tribunales y se alargue el proceso. Si va, insisto en que si estas trabajadoras hubieran acudido antes, hace años que estarían en la plantilla del ayuntamiento». «Antes que judicializar los asuntos es mejor hincar el diente a los problemas y buscar soluciones», concluyó.
Pero su problema también pasa con la oposición y dos partidos, PP y PSOE, que suman mayoría en un salón de plenos del que, con su decisión unilateral, ha pasado (olímpicamente). Ayer, el portavoz conservador anunció que pedirá la comparecencia de Santisteve en el próximo pleno para que explique lo que, a su juicio, es una forma de «meter a sus amigos por la puerta de atrás y sin aprobar una oposición». Exactamente las mismas palabras que empleó la edila socialista Lola Ranera minutos después, quien añadió que «es lógico» que la CEOE lo judicialice, «porque para entrar en una Administración solo hay una manera, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad».
