El Comité Ejecutivo de CEOE Zaragoza, reunido esta tarde, ha acordado presentar en los juzgados un recurso contencioso administrativo contra la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza de municipalizar el servicio de atención telefónica 010.

La Confederación considera que esta medida adoptada "pese a la oposición de la mayoría del pleno y los informes contrarios del servicio de Intervención, no respeta la legalidad y es negativa para la ciudad", han informado hoy fuentes de CEOE en nota de prensa.

Las fuentes han afirmado que el "rescate" del servicio del 010 "acordado unilateralmente" por el equipo de gobierno municipal, y los de otras contratas para las que ya se anuncian intentos similares, plantea importantes "dudas jurídicas, laborales y económicas".

Por una parte, el Ayuntamiento, según las fuentes, debe buscar la "mayor eficiencia y sostenibilidad" en la gestión de los servicios públicos y, en este contexto, "su prestación a través de contratas con empresas competitivas y especializadas es una fórmula ampliamente aplicada internacionalmente y que se ha demostrado flexible y adecuada para ello".

Por otro lado, en el ámbito laboral, CEOE Zaragoza ha advertido de las dudas e indefinición que el procedimiento generan para las propias trabajadoras, "que pueden perder sus puestos de trabajo, que el Consistorio dice defender, cuando deba convocarse la oportuna oposición o concurso para ocupar esas plazas conforme a la legalidad".

CEOE Zaragoza cree "muy cuestionable" que los trabajadores de las empresas que actualmente prestan servicios públicos puedan ser subrogados directamente por la administración, como funcionarios o personal laboral, sin superar las pertinentes oposiciones o concursos públicos.

Esto supondría "soslayar" el proceso para el acceso a la función pública y "pasar por encima de los derechos de todas aquellas personas que están en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento tras superar un proceso de selección o preparan oposiciones al Ayuntamiento de Zaragoza".

CEOE Zaragoza ha insistido en que esta decisión se enmarca, además, en una política de "hostigamiento" desde el Consistorio hacia las empresas privadas que gestionan la prestación de diversos servicios municipales y que busca generar un clima contrario a ellas.