La Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) en Aragón ha asegurado que las tasas judiciales perjudican "gravemente" a las pymes de la Comunidad autónoma.

El Gobierno central ha decidido aumentar la recaudación en el ámbito de la Administración de Justicia y, por ello, "no sólo ha incrementado los importes fijos a abonar en los distintos órdenes, sino que también ha ampliado el elenco de sujetos pasivos, incluyendo a las personas físicas, que hasta ahora estaban exentas del pago de la tasa", ha informado CEPYME-Aragón.

La Confederación ha apostillado que la medida "perjudica gravemente a las pymes, ya que en la mayoría de los procesos judiciales son las que tienen que demandar a una gran empresa con mayores recursos, quien no tendrá ningún problema en alargar procesos judiciales, con el consiguiente perjuicio económico".

Asimismo, "se darán muchos casos en los que la reclamación de cantidad sea inferior a la tasa judicial, con lo que la pyme esta abocada a perderla, ya que no le compensará interponer la demanda judicial".

"El acceso a la justicia, como derecho de los de máxima protección de nuestro texto constitucional recogido en la Sección Primera de su Título Primero, no puede estar sometido a criterios de rentabilidad o resultado económico", ha aseverado CEPYME-Aragón.

En este punto, ha afirmado que el "afán recaudatorio" de la Administración "tiene límites, y este es uno de ellos". La situación del empresariado en una crisis de "insolvencia generalizada" y que conlleva un "lógico incremento" de la litigiosidad en busca de la satisfacción de sus legítimos derechos, "no puede convertirse en una nueva oportunidad de negocio para las arcas públicas".

"No puede añadirse un coste más al daño ya generado y a la cada vez más frecuente imposibilidad de lograr la ejecución de fallos judiciales favorables por la insolvencia del deudor vencido cuando, al tiempo, no se concretan formas alternativas no jurisdiccionales para lograr la satisfacción de derechos de contenido económico o no se mejora el tratamiento fiscal o contable de estas situaciones de morosidad o impago", ha mencionado CEPYME-Aragón.

Derecho "cercenado"

La Confederación ha considerado que "todo esto va a ser especialmente grave en el caso de los pequeños empresarios y de los autónomos, que con esta Ley van a ver cercenado el derecho a acudir a la Justicia en reclamación de sus derechos y, muy especialmente, se van a ver en la imposibilidad material de poder demandar la tutela judicial frente a los frecuentes abusos de la Administración exenta de pagar las abusivas tasas judiciales que ahora se han impuesto".

Todo ello, es muestra de "la falta de seguridad jurídica material que afecta en nuestro país a cualquier actividad de inversión o de emprendimiento".

CEPYME-Aragón ha señalado que se "solidariza" con "la casi unánime opinión de profesionales de la justicia y ciudadanos en general" y advierte que "esto es un nuevo obstáculo al mantenimiento de la actividad productiva en nuestro país, y a la superación de la crisis que el Gobierno de España dice perseguir".