El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha premiado al Gobierno de Aragón por la regulación legal del concierto social, que para la entidad es "un referente valioso e inspirador" para el resto de territorios autonómicos.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recogido hoy, en compañía de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, este premio CERMI.ES 2016 a la mejor acción autonómica y/o local.

La ley, de la que pronto se promulgará el decreto que contiene su desarrollo, según ha avanzado el propio Lambán, posibilita que las entidades sin ánimo de lucro se puedan hacer cargo, mediante la acción concertada, tanto de la gestión de centros como de prestaciones o servicios, evitando que estos colectivos tengan que pasar por un proceso de contratación y, por lo tanto, sin tener que competir en precios con empresas privadas.

El presidente de Aragón ha mostrado su agradecimiento por recibir esta "validación" a las políticas sociales desarrolladas por el ejecutivo que preside.

Su orgullo es triple, ha dicho tras recibir el premio. En primer lugar porque el "centro" de la acción del Gobierno es "el combate contra la desigualdad, sea ésta cual sea, y que se reconozca "algún mérito y éxito" al ejecutivo en este campo es "particularmente satisfactorio".

Además, ha recordado que defender al tercer sector frente a intereses lucrativos y tratar de que en las licitaciones de contratos públicos prevalecieran estas entidades de economía social sin pretensión de lucro fue uno de los compromisos electorales de los socialistas, que se ha cumplido.

Y el tercer motivo de satisfacción es que Aragón haya sido pionera en adoptar esta legislación, que responde a la aspiración que tiene Lambán de que la comunidad asuma "posiciones de liderazgo social, de solidaridad y de atención a los más desfavorecidos".

"Este premio es un refuerzo, una validación de que esta aspiración no es un objetivo descabellado sino uno a nuestro alcance", ha enfatizado.

Tras explicar que en estos momentos la ley se encuentra en fase de desarrollo reglamentario, y que espera que el decreto al respecto se apruebe pronto, el presidente se ha mostrado abierto a seguir explorando "otras líneas de entendimiento" con este colectivo.

Por su parte, el presidente estatal de Cermi, Luis Cayo, ha alabado que Aragón haya decidido legislar el concierto social "con la misma convicción y con el mismo grado de audacia" que las entidades de la discapacidad llevaban pidiéndolo hace tiempo.

En otras comunidades, ha agregado, no ha sido posible hasta ahora conseguir esta ley, y por eso espera que el premio concedido al ejecutivo aragonés sea "inspirador" para otros territorios.

La principal aspiración de Cermi, ha agregado, es ser motor de las políticas de inclusión y derechos, y ser "avanzadilla" para que los poderes públicos adopten las mejores decisiones.

La coordinadora, además, según Cayo, es la principal proveedora de apoyos materiales a las personas con discapacidad, lo que ha hecho que muchas personas se asocien en una fórmula de economía colaborativa, aunque hasta ahora han echado en falta "acompañamiento" por parte de las instituciones.

Cayo y la presidenta de CERMI-Aragón, Marta Valencia, han entregado a Lambán y a Broto el galardón, fallado en septiembre del año pasado.

El decreto ley sobre acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario se aprobó en abril de 2016, y se trabaja en el decreto que regulará la acción concertada en los servicios sociales y que se aprobará en breve.

La ley establece que un operador económico que aspire a obtener un beneficio empresarial como consecuencia de su colaboración con la administración en la prestación de servicios solo podrá hacerlo en el marco de un proceso de contratación.

Mientras que las entidades sin ánimo de lucro podrán hacerlo bajo la forma de acción concertada, siempre que cumplan unos requisitos asistenciales y de calidad del servicio.