CHA considera que el Ayuntamiento de Huesca «se plegó» a los intereses del Ministerio de Defensa en el proceso de cesión de suelos para la ampliación y reapertura del acuartelamiento Sancho Ramírez de la capital altoaragonesa para albergar a la División Castillejos.
Los aragonesistas fundamentan su afirmación en la respuesta dada por el Gobierno a una pregunta parlamentaria hecha a través de Compromís sobre las razones por las que se demandó al consistorio que no hubiera posibilidad de revertir los terrenos una vez finalizado el uso militar previsto.
En su respuesta, el Ejecutivo central basa su demanda en la necesidad de «proteger mejor» las «considerables» inversiones necesarias para llevar a cabo el despliegue de una «importante» unidad militar, una iniciativa que, además, «no es en absoluto ajena a la legalidad».
Para el coordinador de CHA en Huesca, David Félez, «esta cesión sin reversión puede ser legal, pero es abusiva y deja en evidencia la capacidad del actual gobierno municipal para defender, como se merece, los intereses de la ciudad».
El responsable político añadió, en este sentido, que con la decisión adoptada por el pleno municipal, «lamentablemente se cedió ante todas las demandas del Ministerio de Defensa, sometiéndose sin rechistar a las peticiones efectuadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya respuesta demuestra que el Gobierno de la ciudad «cedió ante los intereses del estatal».
«Creemos que es chantaje evidente, y nada se informa sobre si hay más contraprestaciones para la reapertura del cuartel. Ha sido un regalo al Gobierno de España a costa de los contribuyentes de la ciudad de Huesca», afirmó Félez.
El pleno de la corporación oscense aprobó el pasado mes de diciembre la cesión gratuita de las diez hectáreas donde se ubica el cuartel clausurado, y planea hacer lo mismo con los 80.000 metros cuadrados solicitados por el Ministerio de Defensa para ampliar las actuales instalaciones y dar cabida a los 700 efectivos previstos.
El coordinador de CHA en Huesca admite que el impacto económico para la ciudad que supondrá la reapertura, en 2020, del acuartelamiento es «innegable», pero lamenta las cláusulas impuestas por la administración militar para hacerse con los terrenos.
